En septiembre de 1999, el Tribunal Supremo Electoral dentro del esfuerzo que significó la suscripción y compromiso de cumplimiento de los acuerdos de paz apoyó la serie de publicaciones llamada Temas Electorales, siendo la denominada Constitución y Partidos Políticos en Guatemala, de la exclusión a la apertura la primera de ellas, habiendo sido su autor nada menos que Jorge Mario García Laguardia. En aquella publicación se relataba, explicaba y sistematizaba cómo nuestro régimen político y, en especial, las normas electorales con el impulso de una autoridad independiente había conseguido crear una nueva dinámica de participación política y por ello esta inercia no debía perderse porque esa era la única vía para la consolidación del proceso democrático.

En el capítulo denominado “De la conspiración del silencio a la conspiración de la exclusión”, referido al período de los gobiernos militares (1963-1982, con la excepción de Méndez Montenegro), el autor dijo: “Requisitos —a primera vista inofensivos— de afiliación, reconocimiento, actividades, programas, antecedentes de la dirigencia y financiamiento reflejaban una encubierta intención limitativa que dejaba en manos del gobierno central la decisión sobre la misma existencia de los partidos y naturalmente de sus actividades… En una interpretación abusiva del marco jurídico, en este modelo se bloqueó persistentemente la participación política de la oposición, no solo de extrema izquierda, como podría suponerse, sino de los grupos moderados del centro a la izquierda. Y en situaciones limites se usó para controlar el escrutinio y realizar fraudes denunciados por la oposición y la opinión pública independiente”.

Viene al caso recordar y citar la publicación porque conforme la encuesta hecha pública por Prensa Libre, la autoridad electoral perdió credibilidad, pero además los casos de Jordán Rodas, Roberto Arzú, Edmond Mulet y ahora es posible que Carlos Pineda evidencian una clara intención dolosa por evitar participaciones molestas a grupos enquistados en el poder y responsables de una cooptación institucional evidente.

Cualquier país del mundo que pretende garantizar la libertad de sus habitantes realiza esfuerzos por controlar, por medio de instituciones fuertes, el ejercicio del poder. En nuestro país es paradójico cómo quienes más se autoproclaman “liberales” y “respetuosos de la república” son verdaderos defensores del mercantilismo imperante, de la exclusión política y, sobre todo, del abuso en el poder público, llegándose a extremos hasta ridículos como pretender decirle a un candidato presidencial que no brinde declaraciones a medios internacionales. A Rodas no se le permite participar como candidato porque se presentó una denuncia, que nadie conoce, de índole administrativa. A Arzú no se le permite ser candidato porque se afirma que hizo campaña anticipada (lo cual hicieron todos los candidatos oficiales) y sin importar que ya pagó la multa impuesta se le veta. A Mulet lo intentó callar, nada menos que la Feci, que encarna la otrora auditoría de guerra, y ahora se presentó un absurdo amparo con efectos preventivos por parte de las huestes de Baldizón para evitar la participación de Carlos Pineda, y como la confianza en el Organismo Judicial es escasa, hay incertidumbre.

El TSE y la CC hacen esfuerzos para crear una dinámica en donde la exclusión política es la base y para ello repiten lo que García Laguardia mencionó como nota característica de aquellos tenebrosos años en donde los militares gobernaban sin límite alguno.

El objeto de estas líneas no es apoyar a ningún candidato, sino mostrar que negando el derecho de participación política burlamos el mayor control de poder que una república tiene, como son las elecciones, para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la función pública. ¿Acaso no les bastó mantener Cortes fuera del período y así burlar la propia Constitución?