El artículo 35 de la Constitución Política es muy claro: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Este es el principio constitucional que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, está violando al restringir a jueces y empleados del Organismo Judicial que puedan proporcionar información a los medios periodísticos. La advertencia también va acompañada de una amenaza directa: todo aquel que traslade información a la prensa será sujeto de procedimientos disciplinarios ante los órganos competentes. Esta medida de Valdés es abiertamente contraria a la carta magna del país, la cual señala: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”. Entonces, estamos ante una acción ilegal que afecta a todos los medios periodísticos y, por extensión, a la población guatemalteca.

La magistrada presidenta justifica esa restricción porque está incluida en el Pacto colectivo de condiciones de trabajo que suscribió con el sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial. El artículo 10 de ese pacto señala que “los funcionarios y trabajadores del OJ se comprometen a resguardar, a no sustraer, reproducir, ni compartir, por ningún medio de comunicación, redes sociales o vía internet, información y/o documentación física o electrónica a la que tenga acceso por el ejercicio de su cargo, puesto o servicio que presente, o bien, que les haya sido entregada por terceros y que se relacione con el OJ y usuarios”. ¿Por qué el sindicato habría aceptado incurrir en una violación constitucional? Muy sencillo, en noviembre del año pasado, la cúpula del OJ se recetó un abusivo aumento salarial de hasta el 70 por ciento. Los sindicalistas exigieron también su tajada, pero no se las dieron de inmediato porque esta vendría incluida en el nuevo pacto colectivo.

El nuevo convenio trae, entre otros beneficios para los sindicalistas, un “bono escolar”. Este dispendio será entregado a los trabajadores de forma retroactiva, tengan o no hijos que estudien. Como se ve, no se trata de ningún bono escolar, sino de un aumento solapado para callarlos por el desmedido incremento que se recetaron los magistrados. Estas condiciones leoninas, a costa de los recursos del Estado, solo pudieron haber sido obtenidas por los sindicalistas a cambio de vender su alma al diablo. Es obvio que lograron una mejora salarial disfrazada a cambio de aceptar que en el pacto colectivo la CSJ incluyera la restricción al acceso a la información pública. De esta forma los magistrados venales, como Valdés, esconden la mano y le echan la responsabilidad a los sindicalistas de una acción contra los medios periodísticos que podría tener consecuencias por su carácter inconstitucional.

¿Por qué magistrados, como Valdés, quieren coartar el libre acceso a las fuentes judiciales? Estos funcionarios que debieron haber entregado su cargo en 2019, o sea hace tres años y medio, forman parte del pacto de corruptos que tienen el control de la mayoría de las instituciones del Estado y quieren operar con el mayor secretismo. Buscan evitar que la opinión pública conozca los negocios oscuros que realizan, como el descarado aumento que se hicieron el año pasado, filtración que no fue de su agrado.
Entonces, ahora buscan cerrar todo acceso a la información del OJ como si se tratara de un búnker de su propiedad. Por ello, es urgente que la sociedad civil organizada, las asociaciones gremiales de periodistas y los medios de comunicación denuncien y enderecen acciones de inconstitucionalidad para eliminar esta barrera ilegal que vulnera el derecho a la información que tenemos todos los guatemaltecos.