La captura y cooptación del sistema de justicia es una herramienta y un fin. Una justicia capturada garantiza que no exista control sobre el accionar de las autoridades y funcionarios públicos o sobre personas vinculadas a los grupos de poder político y económico.

Sin justicia independiente se anula el sistema de pesos y contrapesos propio de cualquier Estado democrático y se allana el camino para mantener la impunidad. Por eso resulta clave para los poderes fácticos influir indebidamente en los procesos de elección de las cortes y en los mecanismos disciplinarios que se usan como instrumento de sanción e inhabilitación en contra de operadores de justicia independientes.

Cuando el sistema judicial está cooptado, a las estructuras criminales les resulta bastante más sencillo encontrar los caminos y formas para que los delitos que cometen no sean juzgados o se resuelvan sin mayor contratiempo. Por eso existe una convergencia de intereses entre personajes de distintos ámbitos y sectores para debilitar y controlar juzgados, salas de apelaciones, fiscalías y hasta magistraturas.

Al final, cuando la justicia está cooptada no habrá castigo para los ilícitos cometidos —ni los del pasado ni los del presente—. Y lo que es peor, sin certeza de castigo, no habrá límites que restrinjan los abusos del poder. No importa si se trata de delitos de gran corrupción, de graves violaciones a los derechos humanos, de violencia homicida, secuestros, estafas y extorsiones o femicidios, absolutamente todo puede quedar en la impunidad cuando el sistema está capturado.

Además, la cooptación judicial permite generar incentivos perversos que lleven a las y los operadores de justicia a transformarse en verdugos de grupos, sectores o personas que sean consideradas “enemigas” del sistema, obstaculicen y/o cuestionen los planes de los grupos de poder. Incluso se llega al extremo de perseguir a sus propios colegas y de convertir la facultad punitiva del Estado en un instrumento de hostigamiento y criminalización. Cárcel o exilio, parece ser la consigna para “limpiar” de abogados probos los juzgados, cortes y fiscalías y garantizar investigaciones, acusaciones y resoluciones a la medida.

Es parte del manual de los regímenes autoritarios: un sistema judicial que deje de impartir justicia y se transforme en una herramienta de venganza, amedrentamiento y persecución contra todo aquel que disienta, fiscalice, investigue, publique, proteste, manifieste o se movilice contra los atropellos y las restricciones a las libertades y derechos ciudadanos.

Por eso no es una mera casualidad que en la mira de la justicia cooptada se encuentren jueces, fiscales y periodistas independientes, activistas y defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y populares, opositores políticos y, ahora también, abogados y abogadas que les representan y les defienden de las acusaciones infundadas. Así se cierra el círculo perverso de la criminalización.

Y mientras más se avanza en la cooptación de la justicia, más difícil se vuelve frenar la regresión. Un signo inequívoco de la consolidación autoritaria se da cuando se utiliza al sistema judicial para interferir indebidamente en los procesos de elección popular y restringir los derechos de elegir y ser electo.

Vetar o autorizar candidaturas de forma antojadiza a través de manipular los procedimientos en los organismos de control (como la PDH y la Contraloría de Cuentas) o utilizar al MP y a las cortes para impedir —a través de querellas penales— la participación de opositores políticos y que la población vote solo entre las opciones que garanticen la continuidad del actual régimen de corrupción e impunidad, es parte del libreto autoritario que sería imposible de aplicar con un sistema de justicia independiente.