Los considerandos hablan de la necesidad de promover el desarrollo económico de la Nación, por lo que necesita facilitar el acceso a la tecnología de la información, así como un marco jurídico transparente que haga prevalecer el interés general sobre el particular. Todo esto para mejorar el bajo índice del país en penetración y transmisión de datos, lo que causa que el Estado no pueda mejorar la seguridad preventiva ciudadana.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) controlará todo y le dará autorización a cualquiera que tenga instalados seis mil kilómetros de fibra óptica, o a los operadores registrados que tengan más de cien mil líneas de acceso. Estas metas tienen dedicatoria, solamente dos de ellos llenan ese requisito. Por aparte, la SIT tendrá capacidad de instalar antenas en propiedad privada o pública, así como postes para cableado, fibra óptica sobre ríos, ciudades, monumentos históricos. Toda persona que se oponga —un alcalde, por ejemplo, o el dueño de un terreno que no desee permitir el derecho de servidumbre— será condenado a ocho años de prisión, además de que ninguna otra autoridad puede cobrar nada adicional por cualquier concepto.

Parece increíble cómo los políticos que tienen influencia en el Congreso de la República no acaban de entender que en la actualidad, precisamente ese avance de la tecnología es la causa principal para que se dificulte que las acciones con dedicatorias puedan pasar inadvertidas para la población. Poco tiempo pasará para que comiencen las acciones legales ante las cortes respectivas, incluyendo la Suprema de Justicia y la Constitucionalidad.

Otro tipo de recovecos sospechosos de la ley lo constituye el que se darán como firmes la solicitudes presentadas a la SIT y que esta no haya respondido en un tiempo relativamente corto. Eso significa que la mejor manera de beneficiar a alguien es no respondiéndole.

Llama también la atención que la ley tiene dos motivos, pero de uno de ellos apenas habla en dos o tres artículos del que se propone eliminar las comunicaciones de los cabecillas de las maras cuando se encuentran en prisión. El resto se refiere con detalle a lo que debe ser realizado para facilitar la colocación de torres y para que sea imposible oponerse, en un claro ejemplo de imposición despótica. La ley comentada hoy parece ser uno de los pasos en el camino de un gobierno que se acerca de manera peligrosa al retrógrado autoritarismo.