Diferentes sectores negocian en privado para definir el grupo —seis candidatos— adecuado a sus intereses. Entre las opciones que se barajan está incluir o no a Claudia Paz y Paz, cuya brasa será trasladada a Pérez Molina quien deberá escoger al próximo fiscal.
Los diputados señalan al empresario Gustavo Herrera y al secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, como los operadores de esa elección que apuntala a una media docena de ellos.
Por primera vez, Martínez defendió ayer la libertad del mandatario para seleccionar al nuevo jefe del MP. Recordó cómo el exfiscal Juan Luis Florido era un diputado de la Gran Alianza Nacional cuando fue seleccionado para el cargo.
“¿Por qué les escandaliza que ahora el presidente pueda elegir a quien quiera?”, se preguntó.
Existen candidatos que tienen “relación con diferentes posiciones en el Gobierno”, pero eso no los descalifica, aclaró.
“Es uno de los pocos gobiernos que respetó el plazo de la fiscal general”, agregó Martínez.
Sus declaraciones se contraponen con una misiva enviada la semana pasada por eurodiputados al mandatario, en la cual consideran que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que fijó que el mandato de Claudia Paz y Paz, el próximo 17 de mayo, fue una represalia.
Cuando se le preguntó a Martínez si cree que Pérez Molina apoyaría una reelección de Paz y Paz respondió: “Su valor será de acuerdo con los que vayan nominados junto a ella”.
El secretario general desmintió sus vínculos con el postulador Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados. Afirmó que incluso apoyó una planilla distinta a la que llevó a Reyes al triunfo.
De su relación con otro de los postuladores, Avidán Ortiz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, se limitó a afirmar que lo conoce.
En cuanto a Herrera, ha negado su participación. Aunque abogados que buscarán postularse para magistrados admiten haber recibido invitaciones para reunirse con él.
Fraccionados
Los esfuerzos por consolidar a un candidato del oficialismo parecen remar en distintas direcciones
De acuerdo con diputados entrevistados, en el seno de la comisión postuladora, el presidente Arturo Sierra apoya a Paz y Paz, pero no logra el respaldo de Reyes ni de Ortiz, quienes impulsarían a Thelma Aldana, por “instrucciones” de Martínez.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, respalda a la viceministra Eunice Mendizábal. Ha tratado de convencer al presidente de que su elección aseguraría la ejecución de los programas de seguridad.
Ricardo Bustamante, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, apoyaría a Julio Rivera Clavería.
En tanto que el juez Marco Antonio Villeda, aunque negó toda relación con la vicepresidenta, los legisladores aseguran que sigue siendo una de sus principales cartas.
Allegados
Ayer, algunos jefes de bloque fueron invitados a una reunión con el subsecretario adjunto para el Caribe y América Latina, de la Oficina de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Francisco Palmieri.
En la cita participaron los diputados Orlando Blanco, Édgar Ajcip, Óscar Chinchilla y Juan José Porras. Se les dijo que los procesos de elección de fiscal general y cortes Suprema y de Apelaciones serían observados. También se hizo alusión a integrar el Consejo del Ministerio Público, dijo Porras, “entre una gama de temas”, aclaró.
Allegados al proceso afirmaron que otros diplomáticos se han reunido por separado con miembros de la postuladora para “sugerir” la selección de Paz y Paz.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, expuso en una reunión de instancias de la sociedad civil que el Consejo del MP corre el riesgo de no integrarse al asumir el nuevo fiscal.
Entre los aspirantes hay funcionarios del Ejecutivo, en el MP y en el Organismo Judicial que podrían no acceder a pertenecer al Consejo. Aunque la ley no prohíbe que continúen en su cargo y asistir a las reuniones del Consejo, observó.
Lo que se cuestiona no es la obligación constitucional del presidente de elegir, expuso Ibarra.
Lo que preocupa es que se ponga en riesgo la independencia del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral y del Poder Judicial al trazar estrategias “espurias”, resumió.
Aunque coincidió con Martínez, en que todos los gobiernos han tratado de influir en esta clase de procesos.
Operador
Ejercería influencia
Al empresario Gustavo Herrera se le vincula con los procesos de elección del Poder Judicial.
Se le atribuye la dirección de un grupo de abogados en el Gobierno. Sectores civiles lo relacionan con Juan de Dios Rodríguez, gerente del IGSS, y con la vicepresidenta.
Recibe el apoyo de los diputados Leonel Soto Arango y Baudilio Hichos, a quienes conoció en el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco.
