Los cinco hombres quedaron postrados en la acera frente a su camioneta negra, con las camisas sobre la cabeza, los torsos desnudos en el suelo, las manos atadas extendidas ante ellos, casi como un gesto de súplica.
El mensaje, escrito a mano y dejado en el parabrisas de la camioneta, se lee como una disculpa formal, aunque escalofriante y relevante: el grupo Escorpiones del Cártel del Golfo lamentaba que sus integrantes dispararan y mataran accidentalmente a dos estadounidenses y a una transeúnte mexicana, mientras secuestraban a otros dos ciudadanos estadounidenses.
Los hombres fueron entregados a las autoridades, según el mensaje, para enmendar una situación que perturbaba la paz. El viernes, una fiscalía en México acusó a los cinco hombres en relación con el secuestro y los asesinatos.
Aunque los cárteles de la droga mexicanos prosperan en un vacío de ley y orden que subsiste en México, hay una regla tácita que muchos integrantes de los grupos delictivos organizados suelen no trasgredir: no tocar a los estadounidenses.
Estados Unidos se toma en serio los ataques a sus ciudadanos, y la respuesta a esa violencia, en ambos lados de la frontera, puede ser desastrosa para un grupo criminal mexicano.
“Cuando los ciudadanos estadounidenses son atacados, el gobierno de EE. UU. ejerce presión, involucran a sus agencias de seguridad y después comienzan a presionar a México para que actúe”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora de seguridad de México en la Universidad de California en San Diego.
“Lo peor para los cárteles es que tienen que dedicar recursos a contrarrestar a las autoridades mexicanas que, en gran medida, los dejan en paz”, agregó. “No es bueno para los negocios”.
Los cárteles pueden superar en armas a las autoridades mexicanas con frecuencia, o simplemente comprar su cooperación, pero saben que incitar al gobierno de Estados Unidos a emprender una respuesta puede obstaculizar su capacidad de operar. Y en los últimos años, el crimen organizado ha llegado a depender de la ineficiencia del gobierno mexicano para controlarlos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo con la promesa de implementar un nuevo enfoque para enfrentar la violencia: evitar la confrontación directa con los grupos criminales y más bien abordar las causas profundas de la criminalidad, como la corrupción y la pobreza.
Pero su estrategia, que resumió con la frase “abrazos, no balazos”, ha generado pocas repercusiones al momento de controlar los grandes niveles de violencia o limitar el poder cada vez mayor de los cárteles que trafican drogas y migrantes a través de la frontera de Estados Unidos y aterrorizan a los mexicanos en el país.
Los mexicanos de muchas comunidades viven con miedo de las acciones de los grupos criminales, que cometen actos de violencia de manera cotidiana y que por lo general atraen poca atención fuera del país. Y aunque los cárteles evitan deliberadamente atacar a estadounidenses, su modelo de negocios se basa en enviar narcóticos al norte, lo que ha contribuido a impulsar una epidemia de muertes por drogas en Estados Unidos.
La gestión de Biden ha sido renuente a criticar de manera pública a López Obrador, a pesar de los problemas de seguridad en México. Los funcionarios han sido cautelosos ante la posibilidad de poner en riesgo la colaboración en temas migratorios.
Pero el secuestro de cuatro estadounidenses la semana pasada se convirtió en un escándalo internacional, lo que aumentó la presión al gobierno estadounidense para hacer más y combatir el crimen al sur de la frontera. Además, legisladores republicanos lanzaron propuestas para autorizar el uso de la fuerza militar estadounidense con el fin de enfrentar a los cárteles.
Las propuestas provocaron indignación en México, y algunos funcionarios exigieron que el gobierno de Estados Unidos respetara la soberanía del país, pero también le pedían al gobierno mexicano responder. Esta semana, se desplegaron cientos de fuerzas de seguridad mexicanas adicionales en Matamoros, la ciudad fronteriza donde sucedió el ataque contra los cuatro estadounidenses.
Se trata, precisamente, del tipo de respuesta significativa que los grupos criminales procuran evitar, y en buena medida no se han metido con los ciudadanos estadounidenses desde el secuestro, tortura y brutal asesinato en 1985 de Enrique Camarena, un agente de la DEA que en ese momento había afectado las operaciones de un cártel y desencadenó su ira sanguinaria.
El cuerpo mutilado de Camarena fue encontrado en un rancho en el occidente de México en bolsas de plástico, tenía las manos y los pies atados y el rostro estaba irreconocible por una serie de golpes con un objeto contundente.
La DEA, en su búsqueda de justicia, lanzó la Operación Leyenda, una de las mayores investigaciones de homicidio realizadas por la agencia, que reveló que autoridades mexicanas habían encubierto el asesinato de Camarena y destruído pruebas valiosas. La operación derivó en el arresto de miembros del cártel y forzó a otros a esconderse.
El mensaje era claro: atacar a los agentes estadounidenses del orden público tendría consecuencias importantes para los delincuentes y sus cómplices en el gobierno mexicano.
Al final, los cárteles aprendieron que incluso matar por error a ciudadanos estadounidenses podría ser muy costoso.
En 2019, un grupo del crimen organizado disparó contra un grupo de personas estadounidenses y mexicanas que conducían por Sonora, un estado al norte de México, y mataron a tres mujeres y seis niños, que formaban parte de una comunidad mormona que vivía en el país. Algunas de las víctimas fueron quemadas vivas en sus autos, a unos 112 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos.
Con el tiempo, varias personas fueron arrestadas, entre ellas un jefe policial mexicano que se cree que protegía a los grupos criminales locales. El gobierno mexicano afirmó que el ataque mortal podría haber sido un caso de identidad equivocada y relacionado con un conflicto entre dos grupos criminales que competían por el control territorial.
Esta semana, se dijo que las autoridades mexicanas estaban analizando una explicación similar para el secuestro y asesinato de los estadounidenses en Matamoros, investigando la posibilidad de otro caso de identidad equivocada.
Quienes viven en Matamoros, que forma parte del estado de Tamaulipas y se encuentra al otro lado del río Bravo del sur de Texas, sobrellevan a diario el estallido de la violencia que consume la vida desde que las organizaciones criminales comenzaron a afianzar su control de la ciudad.
Lo que les sucedió a los estadounidenses es lo que ellos enfrentan todos los días, dijeron los habitantes de Matamoros, mientras dejan a sus hijos en la escuela, compran comida o van rumbo al trabajo.
Pero lo que hizo que este caso fuera distinto, declararon con pesar y enfado, fue la inmensa atención y las exigencias de justicia que suscitó la nacionalidad de las víctimas.
“¿Quién está hablando de la mujer que murió aquí? Nadie”, dijo Alberto Salinas, refiriéndose a la mexicana asesinada durante el ataque. Salinas es dueño de una casa cerca de la escena donde ocurrió el ataque, pero estaba en otro lugar en ese momento.
En buena medida, Tamaulipas está dominada por el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más viejas de México, pero se divide en diferentes facciones de grupos criminales. Aunque todas las facciones pertenezcan al mismo grupo dominante, no siempre están aliadas.
Por lo general, los líderes locales están atentos a quienes podrían estar invadiendo su territorio. El Grupo Escorpión, que dice haber escrito el mensaje, comenzó como una fuerza especial que custodiaba a un líder anterior del Cártel del Golfo, dijo Jesús Pérez Caballero, experto en seguridad y profesor del Colegio de la Frontera Norte en Matamoros.
Aunque los mexicanos han visto con frecuencia los mensajes desplegados por los cárteles que acompañan a cuerpos, el mensaje de esta semana fue inusual porque los cinco hombres fueron encontrados con vida.
Las organizaciones criminales vigilan a sus propios integrantes, dijeron los expertos, en especial si llaman mucho la atención sobre las actividades de los grupos.
Es posible que se haya dejado a los hombres con vida para que las organizaciones delictivas garanticen que los investigadores tengan declaraciones que respalden la versión de que el cártel no ordenó el ataque. Los miembros de nivel inferior de esos grupos a veces actúan por su cuenta, aunque no está claro si eso es lo que sucedió en este caso.
“Muchas veces los sicarios intentan hacer méritos ante la gente con más poder y van por la libre. Y si les sale bien, sale bien”, dijo Pérez Caballero. “Y si les sale mal, pues sale mal”.
