Supongamos que esta empresa descubre que hay oro en la zona 14, por ejemplo, pero que el yacimiento cubre no solo esa zona, sino también áreas importantes de las zonas 9, 10 y 13. Supongamos que la licencia y el permiso concedidos a la empresa han sido autorizados por 25 años.

Supongamos que buena parte de los altos funcionarios de Estado, sus familias, su círculo de amigos y conocidos, viven en cualquiera de las zonas mencionadas arriba. ¿Qué harían frente al inevitable paso de tractores contratados para hacer los movimientos de tierra en los jardines y áreas habitables? ¿Qué sentirían al saber que todos los manantiales de agua del área podrían contaminarse de cianuro? ¿Dejarían que esto pasara mientras ven cómo sus casas se rajan y el cabello se les cae? ¿Harían correr dinero por debajo de las mesas para impedir la explotación? ¿Resistirían sentados alrededor de las garitas de sus colonias mientras el gobierno manda a un contingente de fuerza a abrir el paso? ¿O dirían al mundo que la minería metálica es una actividad criminal?

Todo lo anterior nunca pasará, porque cuando un país se segmenta en ciudadanía de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría, esto solo pasa en comunidades como la de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Es el conocido caso de “La Puya”.

El Ministerio de Energía y Minas aceptó como bueno un mal Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental hecho “a dedo” y aprobado previamente por el Ministerio de Ambiente. Luego otorgó la licencia de explotación “Progreso VII derivada” a la minera Exmingua. El Congreso de la República no se quedó atrás y algunos diputados aprobaron rapidito la “Ley de Circulación por Carreteras Libre de Cualquier Tipo de Obstáculos” decreto 8-2014, dedicado a las industrias extractivas. ¿No nos queda claro que cuando quieren sí pueden?

Esta iniciativa venía sugerida desde el 2012 por una resolución de nuestra brillante Corte de Constitucionalidad, dirigida al Ministerio de Gobernación. Así, el decreto ley fue utilizado luego para avalar el operativo que el gobierno llevó a cabo contra la población en resistencia en las comunidades afectadas, mandando el mensaje de que “el derecho a la libre locomoción” está por encima del derecho a la vida y a los derechos de la ciudadanía. No hay que perder de vista que una ley ordinaria no está nunca por encima del derecho constitucional a la resistencia, la libre expresión y la manifestación (Art. 45). Que conste que la gente en resistencia nunca ha obstruido ni una carretera de este país.

Cuando los bastones sonaron el pasado 23 de mayo sobre los escudos de los policías, anticipando las bombas de gas lacrimógeno y anunciando la presencia de un contingente de aproximadamente 500 policías con equipo antimotines, algunos portando armas de grueso calibre, quedó claro —de nuevo— a quién protege el gobierno y qué intereses cuida. Aquí el actor gubernamental que se sumó fue el Ministerio de Gobernación. Pero además, las mujeres, tanto del lado de la policía como de la comunidad, resultaron muy afectadas.

De ambos lados, fueron las que estaban en primera fila. Las mujeres policías estaban allí para enfrentar a las mujeres de la resistencia que se hincaron en la puerta de la mina, cantando y resistiendo. Cuando los policías lanzaron las bombas lacrimógenas, no sólo afectaron gravemente a mujeres, ancianos/as y niños/as de las comunidades, sino a las mujeres policías que habían recibido órdenes de estar al frente sin protección alguna.

Yo quisiera que en este país hubiera inversión, por qué no, pero no ésta que acaba con el pedazo de territorio que somos y beneficia sólo a los dueños de la minera y a sus corruptos socios locales. Yo quisiera que habláramos entre nosotros, pero no para secuestrar voluntades o comprar líderes, sino para escucharnos entre todos. Yo quisiera que fuéramos todas y todos ciudadanos, los de la capital, los de San Marcos, los ixiles, los del Polochic o la gente de La Puya. Es lo que nos falta para llamarnos país.