El pasado 28 de febrero tras la resolución del juez Bremer, se acepta investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria, por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual fiscalizan a funcionarios públicos.
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, dijo que el juez determinó certificar lo conducente contra los periodistas y creen que esa resolución es ilegal.
Señaló que básicamente los argumentos que plantean es que los periodistas están amparados en el artículo 35 de la Constitución Política de la República que establece que hay libertad de prensa y que ninguna publicación en contra funcionario público puede constituir delito o falta.
Además, que si un funcionario público se siente ofendido por las publicaciones tiene que acudir a una jurisdicción privativa, que significa que tiene que acudir a un juicio de imprenta.
“Nosotros pues lamentamos la resolución que se emitió puesto que el juez debió inhibirse de conocer sobre esa esa petición y debió haber remitido a un juicio de imprenta ese caso, como cualquier otro caso por publicaciones que da la prensa en Guatemala”, dijo Cux.
Afirmó que lo que se pretende con el amparo es que se deje sin efecto esa parte de la audiencia, en donde se certifica lo conducente contra de los periodistas, y que se conmine al Ministerio Público (MP) o a la persona ofendida, en este la fiscal, a que presente su queja ante el Tribunal de Honor o en un juicio de imprenta, que es lo que lo que procede.
“Con este amparo se detendría la investigación… yo creo que sería un precedente muy importante, porque pues hay antecedentes de incluso periodistas o personas que se han manifestado en contra funcionarios públicos que tienen expedientes abiertos en el Ministerio Público y eso no puede ser así, se tendría que respetar la jurisdicción privativa y proteger el derecho de libertad de expresión”, dijo Cux.
Rechazan persecución a la prensa
Organizaciones internacionales rechazaron el jueves 9 de marzo la “persecución infundada” contra periodistas en Guatemala y criticaron la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, pues ello “amenaza gravemente la libertad de prensa” en el país.
Entre algunos de los firmantes del pronunciamiento se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Latin America Working Group, Fundación para el Debido Proceso, Robert F. Kennedy Humans Rights, Jotay, Wola, GHRC, Impunity Watch, Article 19, Be Just y American Jewish World Service.
Las organizaciones expresaron su preocupación por el “agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala”, luego de la resolución del juez Jimi Bremer, que aceptó investigar a los nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria.
“La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder”, explica el documento firmado por las organizaciones.
