“La detención de Jose Rubén Zamora Marroquín obedece a su actividad como empresario y no a su labor periodística”, dijo el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, después de la detención del presidente de elPeriódico.

Ya en ese momento era muy difícil sostener esa aseveración, tomando en cuenta el trabajo de fiscalización e investigación que el medio venía realizando alrededor de los casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei y del desmantelamiento de la estructura institucional del MP para perseguirlos.

Con el correr de los días fue quedando clara la intencionalidad política detrás de la captura y del procesamiento de Zamora. A la debilidad de la acusación que se armó a partir de evidencias recabadas en 72 horas —según el relato del propio fiscal Curruchiche— (elfaro, 15/8/22), le siguió el embargo de las cuentas del medio, la persecución legal contra sus abogados para obligarlos a renunciar, la presión a testigos de descargo y la negativa recurrente del juez a aceptar cualquier petición de la defensa.

Pero la confirmación de que el caso está relacionado directamente con la labor periodística de elPeriódico llegó durante la audiencia del 28 de febrero, cuando el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, del Juzgado Décimo Penal, aceptó la solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a 8 periodistas y columnistas del medio que han dado cobertura u opinado en relación con el proceso judicial contra Zamora.

Argumentando que en un estado democrático no se puede perseguir a la prensa, pero que “si el periodista se aparta de su labor de comunicar lo que está pasando, e incurre en delitos, evidentemente, también tiene responsabilidad”, Bremer dio luz verde al MP para iniciar una investigación en contra de los columnistas Edgar Gutiérrez Girón y Gonzalo Marroquín (durante la audiencia también se mencionó a Manfredo Marroquín) y de los colegas Julia Corado, Gerson Ortiz, Cristian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar.

Considerar que el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión podría constituir “obstrucción de la justicia” es una flagrante violación a la Constitución, a las leyes nacionales e internacionales, y una amenaza gravísima contra el trabajo de la prensa independiente y el derecho de toda la población a expresarse y a estar informada. Como lo señaló en su editorial Prensa Libre (3/3/23): “cualquier otra interpretación del artículo 35 de la Carta Magna que conduzca a la reducción, limitación, censura o intimidación, incluso con subterfugios legales de leguleyos, es síntoma de despotismo…”.

La persecución a medios y periodistas independientes que con esta decisión judicial escala a otro nivel no es un hecho aislado. Forma parte del régimen autoritario que está consolidándose en Guatemala aceleradamente y del “manual” para imponer la dictadura del silencio y la impunidad que tiene en la cooptación del sistema de justicia su mejor instrumento.

El mal uso del Derecho Penal para perseguir a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y comunitarios, opositores políticos y periodistas atenta contra la democracia y, sobre todo, contra el derecho humano fundamental -colectivo e individual- de la ciudadanía a compartir y recibir información sobre los hechos que le impactan.

Esas son las razones por las que Jose Rubén Zamora está en prisión y por las que periodistas y columnistas de elPeriódico están bajo ataque. Pero como quedó claro en la movilización del sábado 4 de marzo, en rechazo a la censura y a la persecución, NO estamos dispuestos a callar.

Aquí estamos, colegas, en solidaridad con ustedes y en defensa de los derechos de libertad de expresión e información, que son de TODA la población. ¡No Nos Callarán!