Tras manifestar no tener claros los hechos por los que se le reclama, Schwank López advirtió de una convulsa situación política en su país y de que “el juez Gálvez” que instruyó la causa por la que se pide su entrega se encuentra huido desde octubre pasado.
Los fiscales que estaban “a cargo de las acusaciones”, prosiguió, uno también está en busca y captura y el otro detenido.
“Tengo miedo al mecanismo politizado de Guatemala”, señaló por su temor de que “puede llegar otra revancha” dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá un juicio justo.
Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España, con su “colaboración” con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo, “porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala”.
Su abogado criticó la “ausencia” de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la “lamentable” situación de las prisiones en Guatemala, con “grave riesgo” para su seguridad “tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo”, algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas.
La Fiscalía, por contra, entiende que se dan los requisitos para la entrega, al no ver motivación política ni considerar prescritos los delitos, que en España serían análogos a los de pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.
El empresario es reclamado por haber supuestamente recibido sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado en un caso contra José Villarejo, un excomisario de la Policía española imputado en varios procesos.
A Pérez-Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó, tras ser acusado en Guatemala de sobornar al Gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.
La comisión se pagó supuestamente entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta, entre otros, al parecer para que la naviera, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal, obtuviera de forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Por estos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Schwank López, detenido hace un año en Madrid, al que se le acusa de haber recibido 900.000 dólares “por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto”.
El caso
El 15 de abril de 2016 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ahora exitnta, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, revelaron un caso de corrupción que vinculaba al entonces presidente, Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria, Roxana Baldetti.
Según la Cicig, Pérez y Baldeti, y otras 15 personas eran sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.
Estas personas eran sindicadas por un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas en la que se iba a edificar la nueva terminal.
El proyecto contemplaba un desarrollo de tres fases con una inversión de por lo menos US$255 millones.
Se suponía que TCQ dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad con lo cual se garantizaría eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
