Agregó que un oficial y siete soldados, entre ellos una mujer, compartían información de acciones de prevención sobre las lluvias a los vecinos, y no estaban armados, y a pesar de esa situación fueron retenidos.
Fueron liberados hasta que el personal castrense se comprometió a no hacer más patrullajes en la localidad, lo cual se desprende los negociaciones de una mesa de diálogo.
Los pobladores entonces les exigían a los miembros del Ejército que se identificaran con documentos, pero varios de ellos no portaban el DPI. Además les preguntaban sobre el motivo de su presencia en el lugar.
Antonio López Rojas, gobernador de Huehuetenango, indicó que negociaron con los vecinos a través de Rigoberto Juárez, líder comunitario del lugar, para que llevar los documentos de identidad de las personas.
Durante la tarde se informó que los militares ya habían sido liberados, pero la retención aún continuaba y los líderes apagaron sus teléfonos para mantener diálogo con autoridades o declaraciones a la Prensa.
