Este mes se ha publicado el informe intitulado “el Atlas de la Impunidad” (en adelante, “el Atlas”). Es producido gracias al esfuerzo de David Miliband y su equipo y el Chicago Council on Global Affairs, con el apoyo analítico del equipo de geoestrategia del Eurasia Group. En el Atlas se evalúan cinco factores principales, a saber: la falta de vigencia del estado de Derecho y la falta de rendición de cuentas por parte de los órganos de poder; los abusos de derechos humanos y el uso de la violencia para ejercer coerción; la explotación económica; la conflictividad y la violencia, al interior del Estado o en el extranjero; y la degradación medioambiental.

En el Atlas se explica que, en opinión de sus autores, algunos criterios más tradicionales, como la presencia de un gobierno autocrático o uno democrático o de un régimen de izquierda o de derecha, no son indicadores, por sí mismos, de si un gobierno rinde cuentas, respeta los derechos humanos o protege el medio ambiente. Hay algunos casos de países con regímenes autocráticos que puntean mejor que otros con regímenes democráticos en algunos de esos factores, como, por ejemplo, en materia de su involucramiento en conflictos en el extranjero (uno de los factores evaluados en que los EE UU. puntean mal).

Uno puede coincidir o no con los criterios escogidos y los diversos elementos que conforman cada factor, pero, en mi opinión, son pautas suficientemente importantes como para tenerse en cuenta en un índice que procura medir la impunidad. Se presenta data recabada para alrededor de 160 países y, parcialmente, para otros treinta y tantos que no cuentan con datos suficientes.

La posición de Guatemala es, de mejor a peor, alrededor de la 120 de los países para los que había datos completos y, en Latinoamérica, solo tres países están en una posición peor. Creo que nada de todo eso puede recibirse como una sorpresa. Hace poco más de década y media los órganos competentes del Estado aprobaron la firma del convenio con la ONU que dio nacimiento a la Cicig y, desde que su mandato dejó de renovarse, hace unos cuatro años, se han tomado una serie de acciones que, una tras otra, han revertido mucho de lo que aquella comisión contra la impunidad había llevado a cabo.

Cada quien tendrá su opinión favorable o desfavorable respecto de la Cicig y estará de acuerdo o no con la tesis de que la comisión fue apoyada desde las izquierdas y desmantelada desde las derechas. Como quiera que sea, esta cadena de acontecimientos, es decir, los que condujeron a la firma del convenio, las acciones llevadas a cabo por la Cicig y las ejecutadas para su cierre, denotan una situación grave en materia del ideal del imperio del derecho, de la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus libertades.

Entre otras consecuencias, puede señalarse el éxodo de los migrantes. Es verdad que buscan mejores condiciones económicas, pero la falta de seguridad jurídica, de seguridad personal, de protección a sus derechos y libertades fundamentales y las diversas formas de violencia generalizada de que sufren, también configuran un factor importante en su decisión de dejar su tierra, su familia y sus amigos. No me cansaré de decir que es responsabilidad de las élites liderar las reformas constitucionales y legales para que los órganos del sector justicia se organicen de conformidad con principios y valores universales de sobra conocidos.