Por su parte, “lícito” es “justo, permitido, según justicia y razón”. Entonces no es un simple sinónimo de “legal”, cuyo significado es “prescrito por ley y conforme a ella”. De esto se puede explicar la diferenciación otorgada a quienes analizan la actividad del Derecho desde esta definición excluyente de apegarse a la ley —cuyo error radica en olvidar los casos de la existencia de injusticia en algunas leyes— y quienes la analizan en su conjunto de cumplimiento con esta, pero le agregan verdad y certeza.

ESTA REFLEXIÓN es similar, creo yo, a la de valorizar el cumplimiento de la letra de la ley por encima del espíritu o filosofía de la norma. Obviamente, no solo se puede analizar esto último, pero lo contrario también es fuente de injusticias. De aquí surge el viejo dilema del Derecho:buscar la justicia y hacerla, o cumplir la ley.

Dentro de esta línea de pensamiento es fácil comprender por qué quienes se rigen con exclusividad al texto legal de hecho causan desprestigio al sistema jurídico considerado en su conjunto, con nefastos resultados diversos, entre los cuales se puede señalar la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, así como también el empleo de acciones violentas contra quienes confían en el universo jurídico del país.

AQUELLAS DECISIONES
o acciones del sistema jurídico logradas a base exclusivamente de la legalidad y no de la legitimidad, no permanecen para siempre. La historia se encarga de hacer justicia, talvez tardía y talvez sin posibilidad de desagraviar a las víctimas. Por eso la legitimidad, desde el punto de vista histórico, es el más fuerte de los baluartes, de las columnas de una justicia negada antes.

Y por eso quienes integran o dirigen, siempre en forma temporal a las instituciones del país, necesitan cuidarse de encontrar ese combinación de legitimidad y de legalidad, obviamente necesaria para el funcionamiento sin cortapisas ni tropezones de una sociedad deseosa y en realidad ya desesperada de retomar confianza en las instituciones.

EN LAS ÚLTIMAS SEMAnas han ocurrido algunos hechos jurídicos en los cuales el tema de la legalidad y la legitimidad ha salido a luz. Entre los ejemplos pueden mencionarse algunas de los criterios tomados en cuenta para la escogencia de los candidatos a fiscal general. La Ley de Telecomunicaciones es otro, así como lo relacionado con el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt.

Al reflexionar un poco emerge el reclamo por la falta de legitimidad, analizada por el significado del término. Por supuesto, hay muchas más, y entre ellas se pueden señalar en general el abuso de medidas legales, como es el caso de los amparos, causantes en mucho de otra lacra jurídica del país: el enorme, frustrante y constante atraso de la resolución de los casos.

SI EN REALIDAD SE DESEA trabajar para el retorno de la confianza ciudadana, la meta debe ser la recuperación de la legitimidad y de la percepción de su existencia. No es fácil, por sus implicaciones y por la complejidad y variedad de sus manifestaciones en la vida práctica. Dejo para último mencionar el peor escenario posible: la combinación de falta de legalidad y de legitimidad.

Esta se deriva necesariamente de la legalidad convertida en instrumento de violación a las leyes, con la interpretación absurda del texto legal. No es el único paso para un gobierno dictatorial o al menos autoritario, pero sin duda es fundamental. Al descubrir la falta de legitimidad de las instituciones, el panorama se vuelve tan sombrío como el actual de Guatemala.