Rony López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, explicó que el 28 de abril pasado se emitió el acuerdo 57-2014, firmado por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, con el que se crea la Ucta, que surge por el tráfico de armas en el territorio nacional. El acuerdo fue notificado a López, recientemente.
Persecución penal
López detalla que con ese acuerdo se iniciará la persecución penal de quienes se dedican al tráfico —nacional o internacional— de armas de fuego.
“Nuestra competencia es investigar todos los delitos contenidos en la Ley de Armas y Municiones, así como los ilícitos de robo, hurto y extravío relacionado con armas de fuego”, expresó el fiscal.
Además, debe perseguir los delitos cometidos por grupos ilegales de gente armada o empresas de seguridad no autorizadas, según lo establece el artículo 2 del acuerdo en mención.
También se investigarán todas las armas de fuego relacionadas con hechos delictivos y que aparecen como robadas.
Lo que se pretende establecer es la procedencia de las armas de fuego, para determinar quién las ingresa en el país y de dónde provienen. Estudios recientes señalan que en el territorio nacional circulan unas 800 mil armas de manera irregular.
La fiscal general, Thelma Aldana, autorizó el nombramiento de personal para la unidad: seis auxiliares fiscales, dos investigadores, un agente fiscal y dos analistas.
Evaden
López indicó que hay denuncias de supuestos robos de armas de fuego, que podrían estar vinculadas con hechos delictivos.
“Estamos investigando las denuncias que se han presentado por robo. En algún momento hemos detectado que las denuncias que se han presentado por robo y que las armas están registradas en la Digecam no son verdaderas, es decir, yo cometí una fechoría con un arma y, entonces, para evadir mi responsabilidad, pongo una denuncia por robo”, comentó López.
El fiscal explicó que después de que venciera el plazo para registrar y remarcar las armas de fuego en la Digecam se presentaron denuncias sobre robos de armas de fuego, con la intención de evadir esa responsabilidad.
La Ucta deberá recopilar todas las denuncias que se encuentran en las fiscalías del país para iniciar las pesquisas.
