Los abogados jugaron un papel fundamental en la transición democrática. El primer Tribunal Supremo Electoral se integró por juristas de la talla de Arturo Herbruger Asturias, Manuel Ruano Mejía, Justo Rufino Morales, Gonzalo Menéndez de la Riva, Ricardo Búcaro Salaverría, como magistrados titulares, y como suplentes John Schwank Durán, Rodolfo Rohrmoser, Herman Ovidio Castañeda, Luis Arturo Archila, Manuel Aldana Ramírez y Víctor Ferrigno. La elección para Asamblea Constituyente descansó en las bases sentadas por ellos y el concurso del director del Registro de Ciudadanos Mario Roberto Guerra Roldán.

Las leyes con inspiración democrática eran pocas, la dictadura de Ríos Montt y el régimen militar de Mejía Víctores no daba para mucho, pero el trabajo se realizó y la calidad moral de la autoridad electoral fue indiscutible. El Colegio de Abogados en toda esta etapa jugó un papel, primero de facilitador, al proponer juristas de méritos comprobados; segundo, logró explicar distintas coyunturas, muy difíciles; y tercero, su voz fue respetada.

También el Colegio jugó su papel con elecciones y postulaciones de juristas de amplio reconocimiento nacional e internacional. A lo interno también existieron directivas gremiales como las presididas por Arnoldo Ortiz Moscoso, John Schwank, Jorge Rolando Barrios, Carlos Enrique Reynoso Gil, Alfredo Balsells Tojo, Mario Aguirre Godoy, Gabriel Medrano Valenzuela, Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz y Mario René Chávez, por solo mencionar algunas, preocupadas por fortalecer la capacidad financiera de la institución y asegurar mejores prestaciones a los agremiados. Todas ellas garantizaron transparencia en el manejo de los recursos ajenos.

En los últimos años, el papel del Colegio de Abogados es de nepotismo, silencio y complicidad con los gobiernos de turno. En ningún análisis de nuestra crisis judicial el Colegio dice algo. Su presidente es electo para mantener el mutis y adoptar la opacidad en la administración de más de mil millones de quetzales.

Solo para mencionar un dato, en la última asamblea ordinaria, al solicitar el abogado Rodolfo Díaz Bonatti la integración del presupuesto de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, por más de 22 millones de quetzales por el año 2022-2023 no se le respondió, se llamó a votación para que agremiados con consigna votaran “rapidito”, aprobando lo que fuera y se vedó la palabra a por lo menos ocho agremiados que habíamos pedido el turno.

El 15 de febrero próximo hay elecciones para renovar cuerpos directivos en el Colegio de Abogados. Vemos, por ejemplo, que ninguna de las planillas oficiales se animan a decir que son oficiales, pero todos sabemos que lo son y hasta quienes afirman salvar al Cang hicieron alianza con asociaciones justificadoras del terrorismo de Estado, pero al investigar lo poco disponible de planes de trabajo, pude constatar cómo solo en dos planillas existe el compromiso expreso para transparentar las cuentas del Colegio y terminar con el cáncer de la opacidad.

El Colegio de Abogados y Notarios perdió su vocación democrática, su voz en defensa del estado de Derecho, y se convirtió en un club de cuates en donde se justifican amenazas a jueces, fraudes en elecciones gremiales y universitarias, y además cuenta con mucho dinero para gastar, como “viáticos, dietas, gastos de representación o eventos”, sin ningún control, y así crear relaciones clientelares para quedar bien con quien gobierna.

La justicia está en crisis en buena parte porque los abogados defendemos, como gremio, el desastre de una justicia alejada de su población, y con nuestra jerigonza confundimos a un pueblo forjador de paz y quien no la encuentra por las constantes burlas y actos serviles de quienes deberían ser imparciales y defensores de la Constitución como los vistos últimamente desde el Tribunal Supremo Electoral.