Los agentes de ICE en Texas dejan a los migrantes en las estaciones de autobuses con la advertencia de que deben reportarse en 15 días ante la agencia local del servicio para que ésta maneje sus casos.
La guatemalteca Floridalma Bineda Portillo, y sus hijos, son uno de estos casos. Ellos esperan en la terminal de autobuses de Greyhound, en Phoenix, para ser deportados al país.
Otra situación difícil vive la mexicana Jeanette Vizguerra, madre de tres niños estadounidenses, ya que su estado migratorio está en un limbo. Vivió casi dos décadas en Estados Unidos como indocumentada, hasta que la policía de tráfico le dio el alto en el 2009, al iniciar un proceso de deportación que sigue sin resolver. Como miles de “ilegales”, está atrapada en un bucle de leyes de inmigración que le permiten pedir asilo en EE.UU. mientras le acusan judicialmente por intentar regresar al país una vez han sido deportados.
En marzo, por ejemplo, el 53.5 por ciento de los delitos criminales procesados a nivel federal correspondían a casos de inmigración, mientras que los de drogas ascendían a un 14.8 por ciento, según los datos de America’s Voice. Además, las deportaciones justificadas únicamente por el delito de entrada ilegal se han triplicado en los últimos cinco años.
