a por lo menos 15 géneros o especies vegetales enumeradas en el reglamento respectivo, pero en el plazo de 10 años aplicará a todos los géneros y especies vegetales. Comparemos con el objeto de la de  Costa Rica, “establecer el régimen jurídico para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ¡salvaguardando el derecho al uso de parte del pequeño y mediano agricultor!” —la admiración es mía—.

“La protección otorgada no implica la autorización para la explotación comercial de la variedad… pudiendo impedirse la comercialización cuando proceda para proteger el orden público o la moral, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales  o para evitar daños graves al medioambiente. No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre. Los pequeños y medianos agricultores podrán utilizar como semilla en su propia explotación  el producto de la siembra de una variedad protegida, obtenida en su propia explotación, adquirida inicialmente de manera lícita, lo cual no lesiona el derecho del obtentor”.

Aquí valieron los agricultores, el ambiente y la biodiversidad. ¿Aló, Monsanto?  Lo que sí importó es cuánto le van a dar de prisión y de multa a quien se atreva a infringirla. Para entender lo que pasa por las mentes de los diputados ponentes, sirve el artículo 46 de la misma ley: “Se autoriza la ampliación del presupuesto general de ingresos del Estado con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil catorce, por el monto de ¡quinientos cincuenta millones de quetzales!…

Para la ejecución de la presente ampliación se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas y con base en  los requerimientos presentados por el Ministerio de Comunicaciones… apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo, refrendado únicamente por el Ministerio de Finanzas Públicas, la distribución en detalle de los recursos asignados…” ¿Capisci? De diputados así ya nada puede decepcionarnos más. Pero no esperábamos algo tan gacho de Élmer López, hoy ministro de Agricultura, antes activista de Greenpeace, actor relevante en varias iniciativas ecológicas. El señor López sabe lo que firmó, y sus posibles consecuencias, talvez por eso no provocó un sano  y necesario debate al respecto. Extraña lo impropio de su conducta, que ameritaría su renuncia.