Después de aquel fiasco del TSE, de aquella burla de 2019, donde vilipendiaron millones en un evento electoral en EE. UU. que terminó siendo un naufragio colosal, había que plantearse cuál rumbo era aceptable para los nuevos magistrados. Digamos, qué objetivos honestos pudieron haber enmendado aquella penosa experiencia. Enumero tres problemas que se vieron cruciales en ese fracaso: No se promocionaron los deberes y derechos ciudadanos en el extranjero (no hubo expectativa); la documentación de dichos ciudadanos fue raquítica (la gente no calificó); y la organización del evento propiamente dicho estuvo empapada de negligencia e impericia (la votación fue inaccesible). Con cero quetzales en el rubro de campañas masivas, con apenas un par de centenas de DPI emitidos para el Norte y cuatro centros de votación para aquel vasto territorio, encima ubicados en lugares ajenos y desconocidos, el resultado no pudo ser distinto a aquellos grotescos 734 votos que lograron convocar.

Ya en 2020 pudo preguntarse uno ¿qué esperar de una magistratura que pretendiera corregir ese rumbo? Los obstáculos para superar eran claros. Pero, aunque creo que finalmente se mejoró en el tercer problema (la organización del evento, según recientemente anunciaron), el vicio subsistió para los dos primeros que —ahora es fácil anticipar— demostrarán haber sido los principales. A pesar de que los guatemaltecos en el exterior no eran parte de la democracia de su país de origen, jamás existió estrategia por parte del ente gubernamental para promover el nuevo ejercicio del derecho cívico; y, lamentablemente, tampoco existió demanda representativa por parte de aquella población que, claramente, tiene ya otros intereses en su diario vivir. Mucho menos hubo intención del Estado para documentar a los expatriados, tras el advenimiento del Renap, desde 2007, apenas 200 mil DPI tramitados al 2019, y 400 mil para 2022, son inaceptables, considerando el tamaño de la población.

Esta semana, el Tribunal Supremo Electoral dio anuncios relativos a cómo organizarán el evento electoral de este año en Estados Unidos. Positivamente, varios errores del evento anterior, que pueden considerarse crasos, fueron corregidos: A. Se crearon circunscripciones, buscando regionalizar el territorio, en vez de solo nombrar ciertas ciudades simbólicas. B. Además, los centros de votación se cuatruplicaron, pasando de cuatro a 15 ciudades. Y, C. afortunadamente, el Tribunal buscará la tendencia de usar las sedes consulares y locales comunitarios (como escuelas e iglesias, tal como se hace cuando ocurre un consulado móvil) como centros de votación, enmendando el agravio que significó en 2019 la contratación de caros hoteles para el efecto. Una puntuación de un 80 para la forma, que pudo mejorar aún más mejorando las circunscripciones, agregando regiones como la de Tennessee–Alabama, Nueva Inglaterra, la céntrica región de Utah y el noroeste alejado de Washington-Oregon.

La pregunta, sin embargo, de si esto traerá una participación más digna para el país, creo que tiene respuesta rotundamente negativa. Un cero en lo fundamental. En el fondo, el Tribunal hizo un nulo esfuerzo en promover la democracia guatemalteca en el exterior y el evento seguramente pasará ignorado. Además, con solo 400 mil DPI extendidos afuera y menos de 20 mil empadronamientos voluntariamente aceptados, mínima también es la expectativa. En la forma, los magistrados avanzaron —creo— adecuándose más a lo que hacen otros países que logran eventos concurridos en EE. UU., como es el caso de Perú. Pero en el fondo, la pregunta subsiste contra los magistrados y —creo— todo funcionario que logra ocupar una posición importante de gobierno: ¿Son sus malos resultados el producto de la simple negligencia o impericia? O ¿es todo, más bien, parte de un sistema bien aceitado y funcionalmente establecido en favor de fines distintos a los que la ley y la Constitución mandan?