La convocatoria oficial de las elecciones que se realizará en los próximos días coincide con el regreso a las aulas por parte de miles de estudiantes. Para políticos, esto representa una oportunidad de regalar útiles escolares y congraciarse con padres de familia.
La municipalidad de Santa Catarina Pinula, por ejemplo, se encuentra evaluando si adjudica una licitación que lanzó en diciembre para adquirir bolígrafos, cuadernos, borradores, goma, marcadores, mascarillas, papel de china, reglas, témperas y demás útiles escolares para regalar a padres de familia a propósito del ciclo escolar.
“Se contribuirá con la economía de padres de familia que tienen hijos en las escuelas del municipio en el nivel de preprimario y primario por medio de una donación de útiles escolares y kits de higiene”, reza el dictamen técnico.
La misma estrategia ha utilizado Neto Bran, jefe edil de Mixco, quien en su página de Facebook publica videos en los que aparece él entregando cuadernos y demás útiles. Asimismo, corrió la Feria del Chicharrón para el 21 de enero, es decir, un día después de que el TSE hará la convocatoria oficial a elecciones. En años anteriores, este evento se ha celebrado en julio. Se consultó con el vocero de Mixco, Mynor Espinoza, si se cambió la fecha a propósito del año electoral, pero lo negó.
“La Feria del Chicharrón no tiene nada que ver con proceso electoral. Primero Dios habrá otra Feria del Chicharrón en julio nuevamente sin problema. Es una feria en honor a Santo Domingo de Guzmán”, dijo.
Otro caso es el de la municipalidad de Las Crucés, Petén, donde la comuna promociona obras en su página de Facebook apoyando al partido oficial. “Porque VAMOS construyendo más y mejores oportunidades en nuestro municipio. Con la bendición de Dios, VAMOS haciendo los sueños realidad para nuestros vecinos CRUCEÑOS”, indicó en una publicación del 5 de enero.
Prohibiciones
El artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), inciso e), refiere que es durante cualquier proceso electoral es terminante prohibido “usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral”.
En la misma línea, el artículo 223 de la LEPP establece como una prohibición permanente “la utilización de los colores que identifican a un partido político en las actividades, papelería, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales”.
Fernando Ixpanel, politólogo independiente, considera que toda actividad en la cual se promocione la imagen de una persona o un funcionario pública debiera ser monitoreada por el TSE, sobre todo por el uso de fondos públicos y el aprovechamiento de un cargo para obtener ventaja respecto a otros candidatos.
“Lo que se ha visto en elecciones pasadas, y lo podemos ver en estas elecciones también, es la necesidad de fortalecer la capacidad de monitoreo y fiscalización del TSE. Se han tenido más de cuatro años desde el 2016, cuando se discutieron las últimas reformas electorales en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME). Tuvo que ser una prioridad del TSE fortalecer sus capacidades de monitoreo”, enfatizó Ixpanel.
Ixpanel considera que el tribunal se puede apoyar con organizaciones ciudadanas que realizan denuncias, aunque advierte que la responsabilidad es del órgano electoral.
Por su parte la politóloga Geidy de Matta afirma que el TSE debe convocar a las organizaciones políticas para que conozcan las prohibiciones que tipifica la LEPP. “Obviamente ya empieza el ambiente de la contienda electoral y se identifican este tipo de prácticas. Lo importante es que el TSE llame al diálogo. Aunque no aparecen nombres de candidatos aún, sí se puede observar que ya están movilizándose a nivel nacional”, dice De Matta.
En ocasiones anteriores, el TSE ha firmado un pacto de caballeros con representantes de las organizaciones políticas, en los cuales se establecen compromisos de participación justa y leal, comenta.
“En otros procesos electorales se han firmado pactos de caballeros para evitar esas prácticas, en parte por la confusión entre proselitismo y campaña. Se debe evitar prácticas escalonadas de esa naturaleza que puedan afectar el proceso electoral en su conjunto. Nadie es superior a la ley”, dice la entrevistada.
Asimismo, el TSE cuenta con la facultad de aplicar sanciones si hay actividades que riñan con la ley.
“El TSE debe tener la capacidad de hacer cumplir la ley. Para ello se emiten sanciones en aras de mantener el bienestar del proceso electoral. Debe plantearse las instancias del TSE para el monitoreo respectivo”, afirma.
Al consultar con el TSE cómo controlará prácticas que puedan ser contrarias a la ley, informó que se mantiene un monitoreo de redes sociales y d posibles usos de lemas oficiales por parte de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Esta dependencia traslada a la Inspección General sus hallazgos. Sin embargo, el tribunal no destacó ningún expediente en particular.
Gerson López, de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que se han sostenido reuniones con los alcaldes para orientarlos respecto al cumplimiento de la LEPP durante este proceso, aunque dijo que no tiene conocimiento sobre alguna infracción particular.
“Se ha tenido una línea de trabajo la constante donde capacitamos sobre los temas relacionados con la LEPP. Eso abarca las distintas fases del proceso electoral incluyendo campaña electoral anticipada. Sobre eso recomendamos y orientamos cómo manejar los temas de las municipalidades, pero no tenemos información 2de ningún incidente porque no es nuestra función hacer ese monitoreo”, explicó.
