En plena escalada de muertes por violencia, que ya casi equiparan las cifras previas a la pandemia, se produce otro relevo en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), en distinto gobierno, con distinto ministro —solo la actual gestión ha tenido cuatro—, pero básicamente con el mismo discurso, que incluye verbos como “fortalecer” y “oxigenar”. De hecho “oxigenación” fue el término utilizado en febrero de 2018 por el entonces titular de Gobernación, Enrique Degenhart, al descabezar una cúpula policial que había conseguido notorios avances en el combate y prevención de la criminalidad, a lo cual siguió el despido de una veintena de mandos medios.

Argumenta el actual ministro, Napoleón Barrientos, que en el año que lleva al frente de la cartera no había efectuado relevos en altos mandos de la fuerza policial y con ello podría tener cierto beneficio de la duda. Nombró como director general a Edwin Ardiano, quien ocupaba el cargo de subdirector, lo cual podría dar cierta continuidad a procesos institucionales de mejora y a medidas recientemente asumidas como la reglamentación de los retenes policiales, que ya habían caído en un caos antojadizo y discrecional.

No obstante, sobre el director Ardiano todavía levita la sombra de las acciones represivas, tardías y desmedidas emprendidas por las fuerzas especiales el 21 de noviembre de 2020, cuando supuestos manifestantes incendiaron dos oficinas del Congreso mientras adentro del edificio permanecía impávido un contingente policial. Más de 300 bombas lacrimógenas fueron lanzadas y el operativo abarcó incluso la Plaza de la Constitución, donde se encontraba otro grupo de ciudadanos en protesta pacífica. La investigación quedó en nada y no hubo sanciones. Recién había asumido como ministro Gendry Reyes.

En todo caso, la expectativa de mejora de la labor policial sigue abierta, toda vez que fue una de las promesas del actual mandatario durante sus varias candidaturas. De hecho, en la anterior campaña se ofreció la meta de reducir las muertes violentas a un índice de ocho por cada cien mil habitantes. El 2022 cerró con 18 por cada cien mil, un índice mayor que el del 2021 y, por supuesto, que el 2020, cuando el encierro contribuyó a una merma del flagelo.

La fuerza policial guatemalteca debe hacer frente al constante asedio del narcotráfico y mafias organizadas de contrabando y trata de personas que poseen ingentes recursos para tratar de inducir la corrupción entre agentes. Se debe reconocer que existen notables esfuerzos por depurar y procesar a malos elementos. No obstante, la clave sostenible para mejorar la calidad está en la formación de los policías. Reducir el plazo de estudios en la Academia de la Policía Nacional Civil quizá pudo parecer una vía rápida para aumentar la fuerza disponible, pero entraña demasiadas vulnerabilidades. El pénsum debería regresar, como mínimo, a un año de duración, para contar con mejores filtros y mayor exigencia.

Además del obvio combate de la criminalidad y la violencia, la PNC debe retomar con fuerza los programas de prevención del delito, que deberían trabajarse en conjunto con municipalidades y la misma ciudadanía. También quedó en el limbo la agenda de reforma policial, que apuntaba a la dignificación de las condiciones de trabajo de los agentes y su estadía en las comisarías, subcomisarías y delegaciones. El fortalecimiento de la carrera policial, con ascensos basados en meritocracia, logros y formación técnica, debería ser otro de los compromisos por impulsar de cara al relevo de autoridades en el 2024.