Resultan elocuentes las cifras de migrantes guatemaltecos deportados desde México y Estados Unidos desde 2020. En el año de la pandemia hubo una reducción que contrastó con los dos anteriores: 105 mil 512 en 2019 y 94 mil 482 en 2018. En 2020 fueron 43 mil 458 guatemaltecos retornados vía terrestre y aérea en el primer año del mandato de Alejandro Giammattei. En 2021 fueron 63 mil 304 y en el año que recién finalizó fueron 94 mil 633 los connacionales devueltos desde ambas naciones del norte por no tener un estatus migratorio legal.

Más de 400 mil deportaciones suma el último lustro, entre las cuales es probable que haya algunos casos de reincidentes, pero ello no resta un ápice de gravedad a la desesperación por buscar una oportunidad laboral y una fuente de sustento para cientos, miles de familias, sobre todo en la provincia y los asentamientos urbanos. Este es solo un indicador, puesto que también se puede hacer notar las 238 mil detenciones de connacionales, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, en la frontera sur de EE. UU. En ellas puede haber intersección de casos de deportados, aunque un buen número solicita asilo en ese país. Y además subsiste el número casi irrastreable de quienes consiguen cruzar la frontera y establecerse con familiares o conocidos en algún estado de ese país. El cálculo de migrantes guatemaltecos en EE. UU. ronda entre 1.5 y 3 millones. La mayoría no tiene estatus legal, pero sí trabajan y envían remesas económicas a sus familias.

Estas remesas son un innegable pilar de la economía nacional, pero representan un alto costo. En el ámbito familiar implican ruptura de hogares, separación de cónyuges, padres, hermanos. A nivel social comienza a exhibir su dramático impacto en la disponibilidad de población productiva.

En algunas regiones del país, como Ixcán o el altiplano, ha comenzado a escasear la mano de obra para labores agrícolas, pecuarias y también de construcción. Lo más preocupante es que son los jóvenes quienes más emprenden el éxodo en busca de mejores perspectivas, quizá alentados por lo que les cuentan familiares o amigos, sin darse cuenta de los peligros mortales que enfrentan al emprender este incierto desplazamiento. La cifra de menores no acompañados, detenidos o deportados también sigue imparable y con ello Guatemala pierde su propio futuro.

A todo esto, las acciones gubernamentales para combatir la pobreza y el desempleo no solo son escasas sino también infructuosas, porque suelen estar lastradas por el clientelismo, la corrupción o la mediocridad en la ejecución. De forma paradójica, la atención a los connacionales radicados en EE. UU. tampoco ha mejorado y la petición de un Estatus de Protección Temporal para ellos, presentada por el mandatario a la vicepresidenta Kamala Harris, no tuvo respuesta. La iniciativa privada guatemalteca participa en planes de inversión productiva para la generación de empleos, pero estos todavía se encuentran en una fase de implementación.

Es poco lo que el partido oficialista pueda emprender en este aspecto durante el año electoral, plagado de rivalidades y de la previsible diáspora de sus aliados. Sin embargo, también es llamativo el escaso análisis y propuestas ofrecidas por otros líderes políticos y eventuales presidenciables so pretexto de que pueden ser señalados de propaganda anticipada. La mejor evidencia de este mutismo, por no decir incapacidad propositiva, está en la ausencia del tema migratorio en la agenda del Congreso, cuya mayoría aliada prefirió enfrascarse en banales circunloquios.