Sin embargo, en los últimos días, los visitantes finalmente pudieron regresar a casa, luego de que la suspensión de las manifestaciones permitió que el aeropuerto reiniciara sus actividades y se volvieron a abrir las carreteras cercanas para permitir el paso de alimentos y viajeros.
Pero, a medida que abandonan el país, los posibles viajeros cancelan sus excursiones y se inicia una nueva huelga regional y quizás nacional. El cierre abrupto de la industria del turismo ha asestado un duro golpe a decenas de miles de peruanos cuyo sustento depende de ese sector económico.
No es solo que “todo el mundo empezó a cancelar”, dijo Nancy Bautista, una guía turística de 41 años que tiene dos hijos en el departamento de Cusco, donde se encuentra Machu Picchu. Tan pronto como los turistas se marcharon, los manifestantes volvieron a cerrar las carreteras en la región circundante, generando escasez de combustible y alimentos.
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Ese solo es un ejemplo más del costo financiero que más de 10 días de disturbios en todo el país han cobrado a los peruanos. Si bien Cusco estuvo tranquilo el lunes pasado, según Bautista, los suministros de pollo estaban disminuyendo en la ciudad y la carne se agotó por completo. Los precios de la gasolina se dispararon.
El desafío de proporcionar bienes esenciales está generando una preocupación generalizada en una región donde la peor sequía en más de 50 años y los altos precios de los fertilizantes ya están generando escasez de alimentos.
En el departamento de Cusco, cuya capital tiene el mismo nombre, un gran número de personas luchan por conseguir víveres, mientras casi el 20 por ciento de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, según cifras del gobierno.
Cusco tiene aproximadamente dos mil agencias de turismo, más de mil hoteles y 25 comunidades rurales que dependen del turismo, pero los últimos días se han sentido como los largos meses sin visitantes de la pandemia, dijo Bautista.
“Con todo esto es nuevamente volver a esa época donde todo era incierto”, agregó.
Los historiadores creen que Machu Picchu, erigida por los incas antes de la llegada de los españoles, fue construida durante el siglo XV como una especie de propiedad real o un sitio religioso sagrado, aunque existe incertidumbre sobre su propósito exacto.
El turismo comenzó a crecer en 1983 cuando la Unesco declaró la zona como patrimonio de la humanidad.
La región circundante, conocida como el Valle Sagrado, también ha experimentado un enorme aumento de turistas en las últimas décadas.
En 2019, las visitas a Machu Picchu alcanzaron la cifra de 1.5 millones de personas, y la mayoría fueron extranjeros. La cantidad de turistas se incrementó tanto que muchos temieron por su integridad física y el gobierno comenzó a limitar el acceso.
Pero Rolando Mendoza, jefe de turismo de Cusco, dijo que el sector turístico regional se había visto muy afectado por la pandemia y los estrictos cierres del gobierno, y aún se estaba recuperando cuando comenzaron las protestas.
Este año, los funcionarios esperaban recibir al menos un millón de visitantes. Mendoza estima que, debido a las protestas, solo habrá de 700 a 800 mil visitantes para fin de año.
A principios de diciembre, las protestas estallaron en Perú después de que Pedro Castillo, el presidente de izquierda del país, intentara disolver el Congreso e instalar un nuevo gobierno que gobernaría por decreto, acciones que estaban fuera de los límites impuestos por la Constitución.
La medida fue ampliamente condenada como un intento de golpe de Estado y Castillo pronto fue arrestado por cargos de rebelión. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, una antigua aliada, no tardó en asumir el cargo.
Pero los simpatizantes de Castillo, que en su mayoría provienen de las regiones rurales pobres, han salido a las calles para exigir nuevas elecciones generales, y muchos también piden su restitución, a veces cerrando carreteras con llantas quemadas, destrozando edificios gubernamentales y tirando piedras en las calles.
Al menos 26 personas han muerto como consecuencia de las protestas, según la Defensoría del Pueblo de la Nación, y varios grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, han acusado a policías y militares de un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.
En los enfrentamientos ocurridos entre militares y manifestantes el jueves en la ciudad de Ayacucho, nueve manifestantes murieron, entre ellos un joven de 15 años.
Al menos 356 civiles y 290 policías han resultado heridos durante las protestas, según el Defensor del Pueblo.
Para el lunes pasado, la cantidad de protestas había disminuido en todo el país, aunque los grupos hicieron un llamado para una nueva huelga a partir de esta semana, por lo que no estaba claro si el país estaba llegando al fin de los disturbios o solo se trata de una tregua.
Desde que asumió el cargo, Boluarte, una izquierdista de una región mayoritariamente pobre, ha intentado adoptar un tono conciliador, llamando a la unidad en una nación profundamente dividida y dirigiéndose a la nación en quechua, el idioma indígena hablado por muchos de los partidarios de Castillo.
Pero también declaró el estado de emergencia, suspendió muchas libertades civiles y envió a los militares a las calles en algunos lugares, acciones que han indignado a los mismos manifestantes que trata de calmar.
El 18 de diciembre, en entrevistas con la prensa nacional, dijo que las muertes de los manifestantes deberían ser investigadas por la justicia militar y no por los fiscales, medida que podría significar sentencias más leves para los soldados acusados de abuso. La declaración fue criticada por expertos legales, quienes dijeron que un caso previo en la Corte Suprema, así como el derecho internacional, habían dejado en claro que las denuncias de abusos contra los derechos humanos deben investigarse en el sistema civil.
Un día antes, la policía antiterrorista del país allanó las oficinas de un partido de izquierda y de una organización campesina en el centro de Lima, deteniendo durante horas a varios manifestantes.
La policía los acusó de planear cometer actos de violencia en las manifestaciones, mostrando a los reporteros armas como hondas y machetes que fueron confiscados, aunque los manifestantes dijeron que se los habían sembrado. Grupos de derechos humanos denunciaron las redadas como una táctica ilegal de intimidación por parte de las autoridades.
A medida que se desarrollaba la redada, Boluarte abordó la crisis en una presentación televisada con el jefe de las fuerzas armadas, una figura que se supone que se enfoca estrictamente en las amenazas externas en Perú.
“Lamento mucho los fallecimientos de estas personas”, dijo refiriéndose a los manifestantes muertos. “Estamos tendiendo puentes para trabajar con los lideres de estos movimientos sociales, pero en violencia no se puede dialogar”.
Más allá de la posibilidad de restituir a Castillo, los manifestantes han pedido que se celebren nuevas elecciones lo más rápido posible, mientras que el Congreso rechazó recientemente una iniciativa para adelantarlas hasta diciembre de 2023, mucho antes de la fecha programada para 2026.
Una encuesta de Ipsos para America Television que se publicó el domingo mostró que alrededor del 85 por ciento de los encuestados apoyaba la convocatoria a nuevas elecciones generales, y el 33 por ciento también respalda lo que la encuesta calificó como el “golpe de Estado” de Castillo, una cifra que aumentó al 52 por ciento en las zonas rurales de Perú.
Otro sondeo mostró que solo el 17 por ciento estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia peruana, el nivel más bajo desde al menos 2006.
Incluso entre algunas personas cuyos medios de subsistencia se vieron afectados por las protestas, hubo cierto apoyo.
En diversas entrevistas, personas que trabajan en la industria turística de la región dijeron que simpatizan con las motivaciones de los manifestantes, aunque no están de acuerdo con la violencia y esperan que pronto se logre una solución.
“Siempre entre compañeros, amigos, de esta actividad —turismo— conversábamos y siempre hay esa preocupación por los temas políticos, que pueden tener como consecuencia este tipo de paros”, dijo David Mora, de 41 años, quien dirige una pequeña empresa de turismo.
“Pero estos paros han sido muy muy agresivos”, agregó. “No han sido protestas regulares y ha habido mucha represión de parte del trabajo de las autoridades, de la policía y el ejército”.
