Sus proyecciones eran ciertas, y en los primeros tres años de gestión de Alejandro Giammattei la SAAS ha representado un gasto de Q406 millones 942 mil 722.11.
Eso según datos obtenidos mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (Sicoin), que detalla el gasto de la secretaría del Organismo Ejecutivo de los últimos tres años.
En 2020, el primer año de la administración de Giammattei esta dependencia cuantificó un gasto anual de Q144 millones 926 mil 187.16, año en el que Guatemala enfrentó quizá una de las etapas más caóticas por la pandemia del covid – 19.
Para el 2021 se reportó un leve descenso en el gasto a comparación con el año anterior, Sicoin contabilizó Q129 millones 782 mil 87.66, justamente para el segundo año de Gobierno del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
En lo que va de este 2022, las cifras oficiales contabilizan un gasto que está en los 132 millones 234 mil 447.79. El no cumplir con la promesa de campaña, hasta ahora, le han costado a Guatemala Q406 millones.
¿Qué pasó con la promesa?
A días de haber asumido la presidencia, Alejandro Giammattei envió al Congreso de la República un paquete de iniciativas de ley, entre ellas la número de registro 5694.
Está propuesta lleva por nombre “Ley que dispone la liquidación y disolución de la SAAS”, que según los registro de Dirección Legislativa ingresó el 22 de enero del 2020.
Poco tiempo después, el 30 de enero del mismo año, la Junta Directiva presentó al Pleno del Congreso la iniciativa que por trámite la traslado a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.
Pese a que el Congreso está liderado por oficialistas, han pasado casi tres años sin que la iniciativa de ley consiga el dictamen favorable para comenzar su proceso jurídico, convertirse en ley y clausurar una dependencia pública que anualmente cuesta millones.
Las posibles causas
Aunque el partido de Gobierno parezca tener un liderazgo inamovible dentro del Congreso, para Gustavo García Fong, analista de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), pueden existir dos causas que impiden que la iniciativa que fue promesa de campaña sea aprobada.
La primera de ellas, según Fong, podría ser causado por la falta de fundamentación en el proyecto, destacando que en ocasiones hay proyectos de ley que se presenten sin al menos haber evaluado el tema.
“Como sucede en la práctica de Congresos este tipo de iniciativas cuentan con estudios previos o análisis multidisciplinarios dependiente de que materia se trate, esto con el fin de reforzar las modificaciones o supresiones de leyes o entidades gubernamentales”, señaló.
La segunda razón que identifica el analista obedece a un tema puramente de voluntad política, en donde posiblemente la propuesta si es viable y hay mecanismos para hacerlo, pero donde existen ciertos intereses que impiden llevar a la práctica la aprobación de ciertos proyectos.
“No hay que olvidar que el Congreso de la República y su naturaleza es eminentemente política. Tampoco podemos descartar que una iniciativa no sea conocida si los intereses del grupo que domina lo consideran inconveniente, esto no lo podemos negar y lamentablemente pueden afectar los intereses del bien común”, refirió.
Muro presidencial
La SAAS además de brindar la seguridad presidencial, actualmente funciona como una especie de “escudo o muro” que impide acceder a información, según la lectura de Eddie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
“La promesa de campaña de Alejandro Giammattei de cerrar a la SAAS fue solo una promesa porque si tienen el apoyo político para hacerlo, ellos han impulsado de manera acelerada la aprobación de leyes entre ellas la fallida Ley de Contrataciones, por ejemplo”, explicó.
Cux, también hizo alusión que los actuales funcionarios están cómodos con la dependencia, y que por esto tampoco buscan su cierre, “ha sido una institución cuestionada sobre transparencia, los gastos excesivos en comida, seguridad y pago de personal; es conveniente para los gobiernos porque ha servido como un muro para que no se sepa que pasa con el presidente”.
El Organismo Ejecutivo cumplió con entregar la iniciativa al Congreso, pero a diferencia de otros proyectos, tampoco se ha visto un llamado público del presidente que llame a la aprobación de su propuesta.
Se trató de consultar al jefe y subjefe de bloque del partido oficial, los diputados Carlos Calderón y Juan Francisco Mérida, pero ninguno respondió las llamadas telefónicas y los mensajes de texto.
En 2023, el Congreso volverá a estar regido por el partido político Vamos quien colocó por segundo año consecutivo al frente de la Junta Directiva a la diputada Shirley Rivera, de los congresistas de mayor confianza ha Giammattei.
