Con las proclamaciones de los binomios presidenciales de los partidos Valor-Unionista, Podemos, Humanista y Cabal, el fin de semana pasado, se inicia formalmente el proceso electoral de 2023. Aunque ya había un par de candidatos, con estos cuatro se empieza a hacer la masa crítica de los principales contendientes por la presidencia. La principal faltante en este grupo, todavía, es Sandra Torres, pero el proceso ya está en marcha para su proclamación. La otra contendiente importante que todavía no ha sido proclamada es Thelma Cabrera, del MLP. Pero el proceso ya inició.

Ya hay inscritos 28 partidos y todavía hay otros dos que podrían lograr la inscripción antes de la convocatoria a las elecciones, por lo que aún falta una gran cantidad de candidatos presidenciales por proclamar —no digamos para diputados y para alcaldes—. La mayoría de ellos no tiene mayores posibilidades siquiera de figurar en este proceso, aunque seguramente casi todos tienen la esperanza de convertirse en el nuevo “Jimmy Morales” de la política.

A ello hay que sumar la incertidumbre sobre la inscripción de algunos de los candidatos, especialmente de Zury Ríos, a quien seguramente se le intentará aplicar nuevamente la prohibición constitucional que supuestamente le impide llegar a ser presidenta.

También hay que tomar en cuenta que el gobierno de Estados Unidos puede tratar de influir indirectamente en las elecciones a través de sanciones en contra de algunos políticos y candidatos. Por el momento hay ocho diputados y exdiputados que han sido sancionados públicamente por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo, recientemente, al expresidente del Congreso, Allan Rodríguez.

En ese contexto, este lunes el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvió con lugar un recurso de apelación que presentó Roberto Arzú, auxiliado por Acisclo Valladares Molina, por la advertencia que le hicieron de que no sería inscrito por supuestamente incurrir en propaganda ilegal. Lamentablemente, la decisión no responde a que el Tribunal haya aplicado correctamente una interpretación restrictiva del texto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que restringe la promoción de la imagen personal, sino a un mero formalismo.

En esencia, el TSE argumenta que el Registro de Ciudadanos no es el ente facultado para determinar la inscripción o no de un candidato sobre la base de presuntas infracciones cometidas y por las que no se ha llevado un proceso administrativo correspondiente, sino el pleno de magistrados. De cualquier forma, esto implica que todos los candidatos recién proclamados que estuvieran en una situación similar podrán pedir la aplicación del precedente para su caso.

Por otra parte, veo que la mayoría de las personas está decepcionada del “sistema” —aunque pocas veces reflexiona sobre las razones de esa decepción— y que no se interesa mayor cosa del proceso electoral. A lo sumo, busca entre los candidatos a quien crea que puede sacar al país de la crisis en la que considera que está y, al no ver soluciones, podría decantarse por elegir a un “outsider” que prometa cambiar el sistema. Esto es lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica, lo que ha sido aprovechado por los populistas, principalmente de izquierda, para ofrecer un cambio en el sistema, que generalmente sí ha cambiado los países, pero hacia un estado peor que el que se tenía antes.

De allí la importancia de entender que estamos ante una batalla de ideas que solo se puede ganar a través de la difusión y comprensión de los principios de una sociedad de personas responsables y libres, versus la implantación de un Estado autoritario que prometa resolver los problemas de la población, pero que al final termine subyugándolos.