Su rol será básicamente manejar el presupuesto de la CGC y controlar las contrataciones dentro de la dependencia pública, que tiene como principal tarea fiscalizar el uso de los recursos del Estado.
La confirmación de Mazariegos en el cargo se hizo por la propia Contraloría a través de su página electrónica este miércoles 14 de diciembre, cinco semanas después de que tomará posesión del cargo de contralor general Frank Bode.
“La comisión de postulación lo consideró no idóneo y ahora viene él (Frank Bode Fuentes) a nombrarlo en un cargo importante, como su segundo en el lado administrativo, y desde ahí con tentáculos para todo lo que implica la Contraloría”, dijo Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, respecto a la confirmación del nombramiento.
Se solicitó a la CGC una opinión respecto a la decisión que llevó al nombramiento de Mazariegos como jefe administrativo, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.
Miembro del oficialismo
Mazariegos como aspirante para dirigir la CGC no pasó inadvertido, por el contrario, se convirtió en uno de los profesionales más cuestionados ante la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas.
Era cuestionado desde antes de ser aspirante a la CGC por haber sido uno de los encargados de manejar las finanzas del partido oficial, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
Luego de ocupar ese puesto durante la pasada contienda electoral, Mazariegos asumió como viceministro administrativo en la cartera de Educación. Tiempo después, Mazariegos fue nombrado como subsecretario para Asuntos Ejecutivos dentro de la Presidencia de Guatemala, hasta que decidió postularse como aspirante para dirigir la CGC.
Respaldado por diputado
Uno de los requisitos indispensables para ser aspirante para la CGC era tener 40 años de edad y al menos 10 años de ejercicio profesional en el campo de la contaduría.
Los retrasos para la juramentación de la Comisión de Postulación, según organizaciones fiscalizadoras pudo ser un primer intento por esperar a que Mazariegos llegara a la edad requerida por la Constitución para el puesto.
Respecto a la experiencia profesional, Mazariegos acreditó tener 11 años de experiencia por medio de una carta respaldada por Grupo Corporativo de Servicios Leinde S.A, vinculada al diputado oficialista Cándido Leal.
El congresista es uno de los diputados de mayor peso dentro del Congreso, incluso en el tercer año de la legislatura fue nombrado como presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.
En la nota titulada “Empresa de diputado oficialista acredita experiencia profesional de candidato a la CGC”, Leal confirma que ha trabajado con Mazariegos y dio fe de los años de ejercicio profesional del ahora subcontralor administrativo.
No idóneo
Para grupos de la sociedad civil, Érick Mazariegos era un aspirante a la CGC cuestionado, afirmaban que pese a su poca y no clara experiencia profesional, mantenía fuertes vínculos políticos con las actuales autoridades que podrían restarle independencia al momento de ejercer un alto cargo dentro de la CGC.
Por los argumentos anteriores Mazariegos acumuló seis objeciones, que la Comisión de Postulación, quien pese a que no rechazó los señalamientos públicos decidió mantenerlo en la contienda.
Mazariegos, pese a los aparentes esfuerzos oficialistas por favorecerlo en el proceso no estaba dentro de los elegibles para la nómina de seis candidatos en la CGC. Obtuvo en la tabla de gradación una puntuación menor a 70 puntos lo que lo hizo no elegible, ya que no destacaba del resto de aspirantes que contaban con mayor experiencia profesional.
Mazariegos al no ser incluido en la nómina presentó una acción de amparo, que según su equipo legal fue porque se había violado su derecho a participar porque los señalamientos en su contra no habían sido rechazados.
Tiempo después los abogados de Mazariegos desistieron de los recursos, y sin previo anunció Mazariegos fue electo por Frank Bode Fuentes, el nuevo Contralor, como subcontralor administrativo.
Ibarra de Movimiento Pro Justicia considera que este puesto es clave dentro de la Contraloría y teme que el paso de Mazariegos por la dependencia pública pueda tener repercusiones negativas para el proceso electoral, ya que podría incidir indirectamente en la emisión o no de los finiquitos.
