No cabe duda que las personas defensoras de los derechos humanos cumplen un rol fundamental para la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de derecho. Con su esfuerzo y compromiso, y a pesar de los retos que todavía enfrentan, contribuyen a la generación de una sociedad más justa y al desarrollo de una cultura de derechos, democrática, inclusiva y participativa.

Hoy iniciamos las celebraciones de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siendo un hito para la humanidad el haber logrado semejante consenso, sería lógico pensar que la defensa de esos derechos sería igualmente significativa, e importante también proteger a quienes los defienden. Entonces, no es por casualidad que ayer hayamos conmemorado el 24º aniversario de la Declaración sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Esta Declaración afirma que es defensor o defensora de derechos humanos cualquier persona que individual o colectivamente, de manera pública o en el espacio privado, registrada o sin personería jurídica, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional. Esto significa que ya sea defendiendo el acceso a la tierra, el territorio y sus recursos naturales, una vida libre de violencia para las mujeres, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y por supuesto el derecho a una justicia independiente e imparcial, dichas personas, incluyendo operadores y operadoras de justicia, merecen el mismo reconocimiento.

Sin embargo, vivimos un momento donde los ataques contra quienes defienden los derechos humanos se han incrementado, especialmente a través del uso indebido derecho penal, lo que se conoce como criminalización. Esto debe ser tenido en cuenta para, por el contrario, esforzarnos más en garantizar un ambiente libre de violencia para la defensa de los derechos. Es crucial que ante una agresión contra una defensora o un defensor se produzca una inmediata respuesta estatal que investigue, juzgue y sancione al responsable, y además exista una reparación para la víctima. La impunidad solo envía un mensaje de debilidad a la sociedad y genera falta de confianza en sus autoridades. De igual manera, es importante contrarrestar narrativas que pretenden distorsionar lo que significa la defensa de los derechos humanos y desacreditar a quienes la realizan. Se requiere fortalecer el reconocimiento público del rol y contribución de las personas defensoras de derechos humanos en la sociedad. Y en esto, todas y todos tenemos mucho que aportar.

Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen una presencia fuerte y vibrante en casi todo el territorio de Guatemala. Su trabajo ha constituido uno de los pilares para la transición del conflicto armado interno hacia la paz y la democracia en el país. Por eso, hoy quiero hacerles presentes, reconocer su inmenso trabajo y manifestar mi solidaridad a las familias de quienes han sido víctimas de ataques, incluso a su vida, y para quienes se mantienen firmes en su lucha por el acceso a la justicia.

OACNUDH está dispuesta a seguir ofreciendo espacios de diálogo encaminados a trabajar por la reducción de la desigualdad y la discriminación que aún existen en Guatemala, y para lo que defensoras y defensores juegan un rol esencial en la visibilización de las mismas y en el aporte de soluciones que las autoridades puedan tener en cuenta. Por eso, el próximo año mi Oficina continuará trabajando para contribuir a hacer realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Ambas están estrechamente unidas y son necesarias para no dejar a nadie atrás.

*Representante de OACNUDH