En total la adjudicación asciende a Q2 millones 080 mil 650 y según datos técnicos incluiría un software con suscripción de actualizaciones por 24 meses sin costo adicional, capacitación para 10 personas sobre el uso del equipo y sus herramientas impartido por un ingeniero certificado en Cellebrite y con experiencia en la plataforma UFED.
Quienes operarán este equipo son miembros de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri). Entre las funcionalidades de los dispositivos está la decodificación del bloqueo por patrón, contraseña o pin en dispositivos, así como acceder a datos como mensajes y correos existentes y eliminados. También calendario, archivo de medios, desencriptado de registros de viaje de dispositivos GPS.
En total, se presentaron tres ofertas por parte de las entidades Grupo ITD S.A., Grupo Daled S.A. y Sistemas Aplicativos S.A., aunque se adjudicó a esta última considerando que fue la que presentó la propuesta con el precio más bajo.
En países como Venezuela, organizaciones de sociedad civil han solicitado que el gobierno desista de comprar estos equipos ya que son utilizados para seguimiento de activistas, periodistas y opositores políticos.
“El gobierno de Nicolás Maduro muestra un interés creciente en el uso de la tecnología para vigilar y controlar a los venezolanos”, expresaron en un comunicado alrededor de 30 organizaciones en noviembre de 2019.
Consultado sobre el uso que se les daría a los equipos, el MP aseguró que se usarán exclusivamente para investigar fenómenos delincuenciales relacionados al crimen organizado, estructuras de narcotráfico, extorsionistas, trata de personas, femicidio y ciberdelitos, entre otros.
“Se hace necesario la utilización de herramientas forenses que permitan obtener información que constituyen indicios y/o pruebas para demostrar en juicio los hechos delictivos y la participación de personas determinadas y así no quedar en impunidad los delitos”, respondió el MP por medio de su equipo de comunicación social.
