Este lunes, ocho de los 29 acusados en ese proceso, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, hicieron uso de la última palabra, y al concluir la audiencia la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, Jeannette Valdés, fijo el 7 de diciembre próximo para dictar sentencia.
Previo a eso, la juzgadora adelantó que el caso La Línea fue un proceso complicado por lo mediático que es y destacó que los jueces solo deben rendirle cuentas al pueblo de Guatemala con sus resoluciones basadas en independencia.
“Ha sido agotador conocer esta causa (…) por lo complejo del asunto y por qué no decirlo, es un caso muy mediático, pero un juez debe defender la independencia porque la independencia no se va a defender desde otras instancias, la independencia se va a defender desde el carácter de un juez autónomo e independiente, un juez que no esté señalado (…) un juez que con sus fallos va dar a conocer y que en vez de la repetición se pueda verificar por cada uno de los guatemaltecos. La sociedad es a quienes les rendimos cuentas”, dijo Valdés.
La juzgadora agregó que tiene 30 años de servicio en el Organismo Judicial (OJ) y que durante ese tiempo ha defendido la independencia.
“He aprendido que muchos hablan de que no hay independencia en Guatemala, pero hay una independencia funcional, que es la que cada juez defiende con esas resoluciones que pueden pasar otros filtros”, agregó.
“No podemos salir y decir que no creemos en un sistema. La no interferencia es lo más importante. En lo personal les puedo decir que son 30 años de servicio en el OJ y de los cuales para mi ha sido muy importante defender esa independencia”, detalló.
En su intervención, Pérez Molina destacó el trabajo del tribunal y dijo que se les ha respetado como procesados, a lo que la juzgadora respondió que “como juezas agradecemos que ustedes valoren esa atención, que es lo mínimo que nosotras podíamos hacer cómo funcionarias”.
Por su parte Baldetti les pidió que no se dejen presionar por la prensa; además, hizo señalamientos contra la exfiscal Thelma Aldana y el exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval.
Al concluir la última audiencia, procesados y abogados lo celebraron con abrazos, risas y autorretratos, lo que robó la tranquilidad de la sala, algo inusual en proceso de alto impacto como este.
El caso
El caso La Línea se reveló en abril de 2015 y provocó la caída del gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.
Pérez Molina, de 71 años, ha permanecido en prisión preventiva durante 7 años, tiempo que tomó al sistema de justicia de Guatemala agotar todas las fases del proceso penal, de este emblemático caso.
Además, esta investigación fue el parteaguas de decenas de casos revelados de estructuras criminales que operaban en el Estado guatemalteco.
Sin embargo, siete años después más de una decena de fiscales que investigaron este tipo de casos de corrupción han tenido que salir al exilio, tras denunciar presiones y persecución penal en su contra.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que investigó este caso, fue reestructurada y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal que Estados Unidos sancionó quitándole la visa, acusado de fabricar casos contra operadores de justicia.
