Dos empresas sin mayor actividad comercial, es decir, de fachada, fueron las mayores financistas del partido Unidad Nacional de la Esperanza en la campaña electoral de 2015, cuando la candidata Sandra Torres fracasó en su intento por llegar a la presidencia. En 2011 trató de ser inscrita como candidata, pero su nexo conyugal con el presidente Álvaro Colom fue impedimento legal, pese a que trató de saltárselo al divorciarse meses antes. Los mismos reportes financieros de la UNE al Tribunal Supremo Electoral dan cuenta de los aportes de dichas empresas que se delataban por sus mismos patrones tributarios.

En el 2019, la señora Torres volvió a participar. La acusación en su contra llegó después de haber sido inscrita, por lo cual gozaba de inmunidad como candidata. En septiembre de ese año, después de haber fracasado de nuevo en las urnas, fue detenida y enviada a prisión preventiva por la jueza Claudette Domínguez, quien hace solo cuatro días la libró totalmente de este proceso, el cual cerró por no haber elementos suficientes para enviarla a juicio, según declaró.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) anunció ayer, por medio de su titular, Rafael Curruchiche, que no apelarían la medida porque consideraban que la acusación no tenía el sustento necesario: el mismo argumento de la jueza. Cabe cuestionar qué ocurrió con las grabaciones de diálogos telefónicos y con los reportes de financiamiento perjuros presentados al TSE. Cabe preguntar si en dicha fiscalía no hay capacidad de llevar este tipo de casos o por qué llevó tanto tiempo dar esas explicaciones. La liberación coincide con los recientes y oficiosos apoyos de diputados súbditos de Torres al pacto oficialista en el Congreso, sobre todo respecto del presupuesto para el 2023 y la elección de directiva.

A pesar de haber rivalizado en las urnas de 2019 con Alejandro Giammattei, la bancada de diputados afines a Torres es una de sus mejores aliadas en el Congreso. “Si votan por Alejandro Giammattei voy a hacer todo lo que esté en mis manos para meter a la cárcel a la señora Sandra Torres”, dijo el entonces candidato en campaña de segunda vuelta, el 7 de agosto de 2019. Quizá no hubo capacidad o en realidad no podía hacer nada. Ni el TSE cancelo a la UNE ni el proceso judicial llegó a sanción.

En julio último, la fiscalía dirigida por Curruchiche no apeló un fallo que benefició a la magistrada Blanca Stalling, entonces suspendida del cargo, señalada de tráfico de influencias y denunciada por un juez. Stalling intentó fugarse con un disfraz, hecho que fue captado en video. El juez Víctor Cruz la eximió de toda culpa por “incongruencias” en la acusación, y ante la falta de apelación del MP, regresó a su cargo en la CSJ. En otros casos, la Feci sí ha planteado objeciones a los fallos. Un ejemplo es el el proceso que llevó contra las abogadas Siomara Sosa y Leily Santizo, extrabajadoras de la Feci acusadas de obstrucción de la justicia, cargos que estuvieron en reserva por meses pero fueron desestimados por falta de mérito. Allí sí apeló con celeridad el MP, pero una sala de Apelaciones refrendó la falta de evidencias.

La más reciente decisión de la fiscalía dirigida por Curruchiche es pedir la nulidad del testimonio de dos exdirectivos brasileños de la empresa Odebrecht, caso que implicaba al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al expresidenciable Manuel Baldizón, quien purgó prisión en EE. UU. por lavado de activos de ese fraude. Sin esa declaración salen beneficiados. Cada suceso tiene sus circunstancias, pero patrones de acción o pasividad se van tornando en indicios para la connotación pública.