Tres empresas ya presentaron sus ofertas, las cuales oscilan entre los Q2 millones hasta los Q2.4 millones, según consta en el portal Guatecompras. Se trata de Grupo ITD S.A., Grupo Daled S.A. y Sistemas Aplicativos S.A.
El equipo será utilizado por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) del MP. El proveedor deberá incluir un software que permita actualizaciones por seis meses y deberá capacitar a diez personas para el uso del equipo, según consta en las especificaciones técnicas.
Esta tecnología, además, permite decodificar patrones, contraseñas y pin, así como acceder a mensajes existentes y eliminados, contactos, calendarios, geotags e información de ubicación, entre otros.
En un inicio, las bases pedían equipos UFED 4PC (Universal Forensic Extraction Device) y Physical Analyzer. Sin embargo, la empresa Grupo ITD presentó una inconformidad ya que estos eran producidos específicamente por la compañía israelí Cellebrite y la ley prohíbe que una entidad pública requiera una marca o modelo específico en las especificaciones técnicas.
Grupo ITD también incorporó publicaciones en internet donde se mencionaba que estos dispositivos y software que se pedían habían sido objeto de ataques. Finalmente, el MP aceptó la inconformidad y modificó las bases para que los dispositivos pudiesen ser de cualquier marca.
Dudas
En países como Venezuela, organizaciones no gubernamentales como FundaRedes han solicitado al gobierno que desista de comprar este tipo de tecnología, específicamente de UFED, ya que, según dicen, es utilizada para hackear y espiar a activistas, opositores políticos y periodistas.
“El gobierno de Nicolás Maduro muestra un interés creciente en el uso de la tecnología para vigilar y controlar a los venezolanos”, expresaron en un comunicado alrededor de 30 organizaciones en noviembre de 2019.
Carlos Menocal, exministro de gobernación, considera que la compra de estos equipos es necesaria, ya que hay quejas de policías porque cuando investigan redes de crimen organizado, no pueden acceder a información almacenada en dispositivos móviles y ello retrasa la judicialización de los procesos.
“Creería que (el equipo que se adquirirá) estaría en manos de personas capaces y coherentes, que se dedican a la persecución de estructuras criminales. No existen denuncias de abuso de métodos especiales de investigación. Corresponderá a la ciudadanía la veeduría y la verificación de que el equipo se use de manera correcta. Pero que son (tecnologías) necesarias e importantes, totalmente”, dijo Menocal.
Walter Menchú, consultor en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que estos dispositivos se utilizan contra demanda. “Están pensados para ser usados cuando hay incautaciones. Por ejemplo, se hace un allanamiento o la persona es capturada infraganti, entonces se le incauta dispositivo móvil. Ahí se hace el análisis forense. Estos equipos no tienen un sistema que pueda hacer un seguimiento de llamadas”, dijo Menchú.
No obstante, Jorge Santos, de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), cree que por los antecedentes del MP bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras cabe la suspicacia de que estas herramientas puedan ser mal utilizadas para controlar y vigilar a objetivos políticos.
“Uno esperaría que estas actuaciones y procedimientos sean autorizados por un juez. Pero surge la preocupación por el nivel de cooptación institucional del sistema de justicia. El MP debería adoptar medidas para que estas herramientas se utilicen dentro del marco legal vigente, pero en las actuales circunstancias, genera dudas”, dice Santos.
Un antecedente que preocupa es el último caso en el que se sindicó al exfiscal Juan Francisco Sandoval, dijo Santos. En esa oportunidad la fiscalía reveló un chat de Sandoval con su abogada defensora, conversación que estaba protegida por secreto profesional.
“La intención es dañar en el mal ejercicio de la investigación criminal. Es evidente la deficiencia que el MP ha adoptado en el último año. No hay una preocupación por elevar la capacidad en investigación criminal, sino de perseguir políticamente a la oposición. Estas herramientas pueden ser mal utilizadas”, dijo Santos.
Consultado al respecto, el MP respondió por medio de su oficina de comunicación que el equipo será utilizado para investigar redes de crimen organizado, como estructuras de narcotráfico, extorsionistas, trata de personas y ciberdelitos.
“El Ministerio Público es una institución seria, objetiva e imparcial. Su labor es investigativa, tal y como lo establece la ley. En ese sentido, deben existir expedientes fiscales debidamente identificados, así como control jurisdiccional. Es decir, autorización por juez competente de conformidad con el artículo 24 de la Constitución”.
Por último, indicaron que la evidencia se identifica debidamente y es custodiada por la fiscalía a cargo de la investigación.
