La APG emitió el comunicado en el marco de la celebración del Día del Periodista, fecha en la que reconoce el trabajo de los comunicadores que “continúan firmes en su compromiso de informar sobre temas trascendentales que amenazan el Estado de Derecho, como son el abuso del poder público y económico, actos de corrupción en el sector estatal, violaciones a derechos humanos, los actos de persecución política y el incumplimiento de deberes por parte de empleados públicos y funcionarios en diversas instituciones”.
La APG agrega en su comunicado que “por desgracia, esta importante conmemoración se encuentra opacada por la censura, el acoso y la criminalización que sectores gubernamentales y el sistema de justicia mantienen en contra de periodistas críticos y de investigación que, con su labor, provocan escozor a funcionarios corruptos e incomodan los intereses de autoridades dentro del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Organismo Judicial”.
De esa cuenta, datos del Observatorio de los Periodistas de la APG señalan que “la actitud del gobierno y sus aliados, en contra de la libertad de expresión provocaron que solo durante este año se conocieran más de cien acciones de censura y limitaciones a la labor periodística, mientras que durante el transcurso de la actual administración las agresiones en contra del gremio periodístico sobrepasan las 375”.
“Mientras los actos contra la prensa aumentaban, también crecían las acciones dentro del Estado para violar su derecho de acceso a la justicia y perseguirlos penalmente. Muestra de ello son las distintas denuncias desestimadas por la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas del Ministerio Público (MP), las cuales generaron críticas debido al evidente desinterés de la institución de investigar estos actos, en los que se encuentran casos de violencia policial en Alta Verapaz, Escuintla, Izabal y Guatemala, este último relacionado con las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020”, añade el documento de la APG.
Además, dice que “a estos hechos se suman la cacería que la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, mantiene en contra del gremio periodístico y que, sumada al acoso proveniente del Estado, provocó el exilio de al menos dos periodistas: Juan Luis Font y Michelle Mendoza. También se suman la censura judicial dictada por tribunales y salas de femicidio en contra de distintos periodistas”.
“Los burdos discursos de funcionarios y defensores del régimen autoritario, mediante los que pretenden desacreditar las posturas de la APG e impedir su pronunciamiento en los temas antes mencionados, solo demuestran su interés en menoscabar la libertad de expresión”, refiere la nota.
Le entregan un limón
Como parte de la conmemoración del Día del Periodista, reporteros de varios medios de comunicación que cubren la fuente del Organismo Ejecutivo entregaron un limón a Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, como símbolo del poco acceso a declaraciones e información.
Se suele entregar un membrillo al funcionario menos accesible, pero esta vez se optó por un limón. No se entregó la naranja a ninguna persona, la que representa la accesibilidad.
Posturas
Respeto al comunicado, el MP señaló que “es respetuoso de la opinión de los respetables miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, más no se comparte ya que afirmar que existe una ´cacería´ tal como lo indican carece de veracidad”.
Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, esto lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
“El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, es erróneo indicar que velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de un hecho sea un motivo de exilio, aunado a que el propio sistema de justicia establece la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Es a través de la vía legal que se debe plantear cualquier inconformidad”, dice la Fiscalía.
Agrega que “es importante mencionar que en el caso de la sra. Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que el comunicado es impreciso”.
“También es importante recordar que fue la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, agrega el MP.
“Esta fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos”, concluye.
Además, se solicitó una postura oficial a Presidencia de la República acerca de los señalamientos que la APG hace en el comunicado que fue emitido en conmemoración del Día del Periodista, pero aún no responden.
