Esta iniciativa le permitiría a los alcaldes ejecutar compras que no superen los Q2 millones porque amplia los límites de las diferentes modalidades de compras que contiene la ley, siendo una estrategia peligrosa para el buen manejo de fondos públicos, apuntan analistas.
“No es que se saque, sencillamente no se agenda que es diferente. Es una iniciativa que debe de discutirse un poco más, hay algunas dudas sobre ese tema, algunos diputados así lo han manifestado y creo que debemos de tomar el tiempo necesario para conocer esas inquietudes que se han manifestado, sencillamente no está en agenda pero no es que se saque”, explicó Rojas.
No es la primera vez que los diputados de la alianza oficialista intentan aplicar cambios a la Ley de Contrataciones para favorecer a los alcaldes, que podrían jugar parte de una estrategia político electoral para el oficialismo en 2023.
Aunque la iniciativa 6065 pasó la semana pasada en su primera lectura la propuesta no está incluida en ninguna de las tres sesiones de esta semana, dando paso a otras iniciativas.
Una de ellas es la 5590, esta iniciativa busca crear el municipio de Nueva Ciudad Peronia; otra es la 6164 que busca ampliar por otros dos meses el subsidio a favor de los consumidores de gas propano. Estas dos iniciativas están previstas para primera y segunda lectura esta semana.
Para la plenaria del martes también se programó conocer la renuncia de María Eugenia Morales, magistrada de Corte Suprema de Justicia (CSJ); otros magistrados han presentado su renuncia al Legislativo pero este órgano no las ha aceptado debido a que actualmente la CSJ además de estar prolongando sus funciones se encuentra incompleta.
Aunque la propuesta de cambios a la Ley de Contrataciones no esté incluida para las sesiones de esta semana el tema puede ser incluido mediante una moción, ya que a pesar de las recomendaciones sociales y según las declaraciones del diputado Rojas no están sacando la iniciativa de la discusión, tan solo aplazaron su conocimiento.
Mecanismo de corrupción
Desde la semana pasada que el Congreso impulso las reformas a la Ley de Contrataciones sectores sociales y empresariales manifestaron públicamente sus dudas, explicando que es necesario que el tema obtenga un análisis técnico para evitar repercusiones de transparencia y en la misma gestión pública.
Pero a criterio de Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), la iniciativa tan solo busca favorecer a los grupos políticos dominantes de Guatemala de cara a las elecciones del 2023.
“Estamos viendo como la alianza oficialista consolida un mecanismo de corrupción e incluso podría generar problemas en la administración de recursos por los controles. Hay varias reformas a esta ley y ahora una nueva en donde es recurrente como se disminuyen los controles para aumentar los montos de los procesos de compra, estaríamos retrocediendo unos 30 años o más en la gestión pública”, señaló.
Quien también observa deficiencias de la nueva propuesta es Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien considera que es importante reformar la ley, pero no en la dirección en que grupos políticos pretenden hacerlo.
“Lo único que uno puede pensar desde un punto de vista técnico es que hay una motivación política porque técnica no es. Incrementar los importes a las modalidades está lejos de ser cualquier buena práctica o estándar internacional, al contrario esto es el camino opuesto”, refirió.
Si los diputados continúan con esta propuesta para ser aprobada, ignorando las recomendaciones sociales, según Flores será un reflejo de auténticos intereses personales y políticos de parte de los congresistas.
“Sería una ambición para mantener el poder y asegurarse esquemas discrecionales de compra. El hecho que no quieran escuchar que hay que modificar la ley en otras direcciones y que no abran esa discusión solo revela que las motivaciones no son técnicas ni de eficiencia, son motivaciones eminentemente que buscan el interés personal”, destacó.
Intenciones políticas
Para José Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), es necesario que una iniciativa de ley de esta envergadura obtenga una amplia discusión y llegar a consensos.
Ignorar las recomendaciones sociales sería ignorar el “deber ser” de un diputado apunta Barrientos, “no es un tema ideológico, hay casi un consenso social que dice que está iniciativa de ley es dañina y que no conviene porque le están dando un permiso a los alcaldes para que en el 2023 hagan un uso indebido, para que se malversen los fondos, será un círculo vicioso para el año electoral que viene desde la aprobación del presupuesto con abundantes recursos a las municipalidades y consejos de desarrollo”.
Por su parte el diputado Rojas cuestionó los comentarios en contra que Icefi, y otras instituciones, han dado sobre las propuestas de cambios a la Ley de Contrataciones.
“Es una ley bastante importante y debe de analizarse y estudiarse cuidadosamente, debe llevar su proceso. Ya se conoció en su primer debate la semana pasada, al final es decisión de la instancia de Jefes de Bloque si se agenda o no”, concluyó.
