Usualmente, cuando hay una expectativa positiva acerca de una persona de quien se conoce poco, que recién se estrena en un cargo o que tiene buenas recomendaciones, pero sin experiencias recientes de desempeño, se suele hablar de la necesidad de darle “el beneficio de la duda”; es decir, un plazo prudente para que demuestre su capacidad y, mejor aun, sorprenda con un rendimiento que desmienta la aprehensiones o cualquier tipo de temor a priori.

La noche de 16 de noviembre último, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió dar marcha atrás en tres polémicos concursos para la adquisición de software y equipo de cómputo para las elecciones generales del 2023. Las críticas de grupos ciudadanos, institutos de investigación y medios de comunicación independientes fueron abundantes y fundamentadas, respecto de los peligros de alterar el tradicional proceso para la identificación de votantes y la consignación digital de resultados de mesas y centros de votación. Por otro lado, era notorio el poco tiempo otorgado para la presentación de ofertas de potenciales proveedores.

La presidenta del TSE, Irma Palencia Orellana, sobre quien se centra la responsabilidad de todo el proceso electoral, anunció la suspensión del concurso, pero también dijo que lo replantearían, a fin de hacerlo de manera más transparente, pública y sin dejar lugar a suspicacias. Aseveró, además, que se mantendría la metodología de digitar los datos desde los centros de votación contra presentación de las actas de conteo de sufragios en mesas, las cuales son firmadas por las juntas receptoras de votos y los fiscales de partidos políticos, quienes en caso de impugnaciones o reticencias, lo hace constar.

Otros tres concursos para la compra de equipo informático y de una plataforma para el procesamiento, trasmisión y presentación de datos en línea siguen su curso. Queda claro que el interés de quienes los objetaron no era político ni económico, sino cívico, para proteger la propia institucionalidad del TSE y el proceso eleccionario.

Las personas investidas de autoridad a cargo de entes públicos merecen el beneficio de la duda cuando se encuentran en etapas incipientes de su período de servicio público. Solo las acciones apegadas a Derecho, enmarcadas en una coherencia ética, alta calidad profesional y la debida comunicación permiten la concreción de prácticas sólidas de cuentadancia.

Cuando los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE se postularon para integrar esta institución, clave en la preservación de la democracia como sistema nacional de vida, presentaron en sus perfiles sus mejores méritos de carrera y altas intenciones. Si bien la precipitada elección final recayó en un Congreso dominado por una entente oficialista, los hoy magistrados juraron respetar la Constitución y ejercer sus cargos con responsabilidad histórica y los más altos valores axiológicos. Su exhibida capacidad profesional les impide excusarse en la ignorancia para justificar desatinos, pero, en fin, errar es de humanos y esta semana comenzaron a corregir uno de los entuertos. Sigue pesando sobre ellos la demora en cancelar partidos infractores, cuyos diputados curiosamente estuvieron entre sus electores. Pero aún es tiempo de enmendar los errores. Si reciben presiones, amenazas u ofrecimientos venales, deben denunciarlo y la ciudadanía los acuerpará. Sin embargo, las dilaciones u omisiones previas se convierten en el maleficio de la duda y solo la recta acción pública los librará de ella.