En la antesala del proceso electoral, Guatemala afronta una escalada inflacionaria agravada por la carestía de combustibles y también del dólar estadounidense, a pesar del constante envío de remesas de parte de los migrantes. El oficialismo se recetó un nuevo récord en el monto presupuestario, con amplias concesiones de fondos en beneficio de alcaldías afines y a la supuesta lucha contra la desnutrición. Sin embargo, se destinan más recursos a programas más bien politiqueros, repetitivos, de alto costo y resultados marginales en forma persistente, como los comedores sociales o entregas de víveres, que terminan clientelarmente politizados por diputados y alcaldes, en una campaña financiada por los contribuyentes.

En efecto, la denominada Cruzada por la Nutrición no tiene mayores innovaciones hasta ahora, los programas de combate de la desnutrición crónica han tenido altibajos y en este gobierno solo se ha continuado la inercia de la década anterior, con resultados que poca diferencia marcan para la niñez damnificada por ese flagelo.

Aunque la infraestructura vial ha servido de pretexto para transferencias millonarias durante este año y para dar una voluminosa asignación en el siguiente, las principales carreteras del país presentan largos tramos con severos daños, recapeos sin continuidad, calidad ni señalización, así como proyectos de parsimonioso avance que más parecen dirigidos a ser “supervisados” en la etapa de campaña electoral, con la presencia de delfines oficialistas. Pese a ello, el Tribunal Supremo Electoral apenas acaba de emitir un apercibimiento al partido de gobierno acerca de acciones flagrantes de publicidad anticipada. Incluso ya se ven vallas publicitarias en las que se usa la palabra “vamos”, en alusión al nombre de dicha organización.

El mandatario “agradeció” al Congreso la aprobación del presupuesto desfinanciado de Q115 mil millones con el argumento de continuar obras en beneficio de la ciudadanía. El cuestionamiento radica en que a dos años, 10 meses y un día de su inicio, el Gobierno ha asumido la táctica de discursos con más ofrecimiento en lugar de presentar los resultados concretos o admitir los fracasos en áreas prioritarias del desarrollo.

Un ejemplo del desfase entre promesa y realidad son los hospitales temporales de covid-19, de los cuales el propio Giammattei Falla dijo en 2020 que tres se convertirían en permanentes para atención general. Hasta ahora no hay tal transición e incluso el de Zacapa ya no presta servicio, ni para covid ni para la atención de otras dolencias.

En el plano de la inseguridad, las cárceles del país siguen siendo búnkeres de operaciones extorsivas. Se anuncian capturas de redes dedicadas a exacciones pero sus integrantes van a dar justo a los mismos penales donde ya esperan juicio o purgan condena otros facinerosos, con acceso a teléfonos, internet y descontrol total sobre lo conversado con sus visitas. Aunque en su “plan de innovación” el mandatario ofrecía literalmente “nuevos presidios”, sigue sin verse un solo centro penitenciario de máxima seguridad y el único proyecto de este tipo fue asignado por el Ministerio de Gobernación a una empresa mexicana señalada de incumplimientos. “La violencia, la inseguridad y la falta de una justicia pronta y cumplida también constituyen un obstáculo al desarrollo, a la inversión y al crecimiento económico, y amenazan la débil democracia que tenemos, poniendo en duda la capacidad del Estado para mantener la gobernabilidad”, decía Vamos en su plan de ofertas 2019, que ahora es el referente más certero de omisión