Sin duda alguna, la sombra de la pandemia todavía es una marca reciente para miles de familias guatemaltecas que perdieron a uno o varios integrantes. Tan solo en este año han sido más de tres mil los fallecidos a causa del coronavirus según reportes oficiales, una estadística dolorosa que se vuelve todavía más dantesca al contabilizar todos los decesos acaecidos desde hace dos años, siete meses, y 17 días: 19 mil 888 vidas segadas, muchas de las cuales serán recordadas en el Día de Todos los Santos, junto a las de tantos padres, madres, abuelos, tíos, hijos y hermanos difuntos.

Cabe sumar a este recuerdo de guatemaltecos ausentes los casos de 46 niños fallecidos a causa de desnutrición aguda hasta septiembre último: siete más respecto del mismo período del 2021. Tal letalidad podría parecer de cierta manera reducida en comparación con otras causas de muerte, pero se trata de un grupo etario en el cual en condiciones alimentarias seguras no deberían perderse vidas. Sin embargo, es difícil que la tendencia cambie mientras no se reduzca la población en riesgo. En los primeros nueve meses del año se registraban 23 mil casos de niños víctimas de hambre y con ello presa fácil de enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y anemias. Sus nombres no figuran en los informes de Gobierno ni en las discusiones bizantinas del Congreso, pero su memoria clama por mejor administración de recursos para atender este flagelo agravado por factores climáticos.

Dos mil 285 guatemaltecos fallecidos por violencia se reportaban hasta el 30 de septiembre, una cifra que preocupa más conforme se acerca a los 2 mil 843 homicidios registrados en el 2021.

Extraños recrudecimientos de muertes violentas suelen coincidir con temporadas preelectorales y de campaña, que son caldo de cultivo para ofrecimientos reincidentes de medidas de mano dura, de penas capitales y de guerra sin cuartel en contra de tal fenómeno. Los votantes, ya menos incautos, caen cada vez menos en esas telarañas. Por consideración a la dignidad de los ciudadanos, pero también por respeto a las víctimas, la violencia debe abordarse de manera multifactorial, científica e integral. Sin embargo, la Policía Nacional Civil no se repone del arbitrario recorte de su cúpula ejecutado por el gobierno de Jimmy Morales en el 2018, a pesar de los buenos resultados que entregaba la reforma de la institución en proceso.

No es oportuno para ningún funcionario salir al paso con excusas y mucho menos tratar de maquillar u ocultar los datos, en especial cuando se trata de un problema añejo y abordado en todas las campañas previas del presidente Alejandro Giammattei. Son los resultados los que hablan y en la actualidad persiste la portación y exhibición pública de armas, sobre todo en la provincia; los femicidios no se detienen y los procesos judiciales en contra de los responsables son contados y parsimoniosos; las extorsiones campan a pesar de las múltiples capturas porque las prisiones —desde donde se fraguan tales exacciones— son porosas a la comunicación celular, digital o a través de órdenes verbales, puesto que no hay control alguno de las conversaciones de reclusos y ni siquiera existe, a 439 días del final de este mandato, un centro penal moderno y confiable.

Las acciones de seguridad y la salud pública no deben ser anécdotas de propaganda sino estrategias serias para preservar las vidas de guatemaltecos y ya van muy tarde para millares de víctimas de todas edades.