¿Cómo podremos salir adelante como país si el propio sistema de justicia emplea la ley como herramienta de odio y venganza, atacando con alevosía a operadores de justicia, jueces, fiscales, a abogados y a abogadas que lo único que han hecho es cumplir con su deber? Si se ensañan contra un juez probo como el juez Miguel Ángel Gálvez, que dedicó su vida entera a servir con dignidad a la ley y al sistema de justicia, ¿qué se puede esperar para todos los demás?

Democracia, Estado de Derecho, Derecho de Defensa, conceptos fundacionales que permiten la convivencia pacífica, se están perdiendo día a día y sin ellos, nada bueno puede esperarle a esta sociedad. Las dictaduras contemporáneas, sea que entronen sujetos como en Nicaragua o El Salvador, o sean corporativas, y cambien rostro cada 4 años, como en Guatemala, están usando los procedimientos y herramientas del Estado de Derecho para cometer sus venganzas y legalizar sus delitos, y vacían de contenido sustantivo dichos conceptos y prácticas. Reescriben la narrativa social en el afán de legitimar lo impensable, para hacer aceptable lo que hace no mucho tiempo atrás hubiera sido considerado totalmente improcedente e ilegal. Tanto así, que, impunemente, el Congreso, en un acto de descaro total, permitió que los magistrados actuales, en abierta violación a la ley, sigan entronizados en sus cargos; a cambio, fustigan legalmente a gente honesta y profesional como el juez Gálvez y cómo tantos otros y otras que ya son presos de esta dictadura criminal.

Del sistema político que, con honrosas excepciones de individuos, está totalmente podrido, no se puede esperar nada. Ni de los magistrados, contentos con su perpetuación como fieles operadores de la Alianza Criminal. Sin embargo, si me preocupa ver que la élite económica, un claro poder en la sociedad, consienta tácitamente con esta situación. Más allá del odio y el afán de vendetta que algunos claramente viven, me pregunto si ¿esta situación de impunidad y falta de justicia generalizada; de retroceso en prácticamente todos los indicadores, ¿no va a tener efectos negativos sobre los negocios y el tejido productivo del país?

Recuerdo la acérrima defensa que solían hacer de la importancia que tiene el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la certeza jurídica para el buen funcionamiento de la sociedad y de la economía. ¿Quedó todo esto en el olvido? ¿Cómo es posible atraer inversión extranjera lícita al país en estas circunstancias? ¿O ese criterio ya no importa? ¿Cuán vulnerables se vuelven los negocios y empresas grandes y medianas a esta “nueva legalidad”? Ni pregunto por las medianas y pequeñas porque esas son tan indefensas y vulnerables a la extorsión como lo es cualquier ciudadano individual. ¿Y si alguno de los capos se antoja de apropiarse de sus empresas? ¿O cancelarlas? ¿O pedir acciones? ¿Ante qué van a recurrir para defenderse cuando el sistema de justicia está vendido al mejor postor?

Nunca he pensado que todos los empresarios avalan al Pacto de Corruptos y están conformes con lo que sucede en el país; Pero pienso que, eventualmente, casi todos serán tan indefensos como todos los demás frente a la narcocleptocracia, cada vez más independiente en su actuar; al menos, a algunos, seguro los afectará o tendrán que plegarse a las nuevas circunstancias.  Ahora parece lejano: atacan a un juez ya maduro e intachable; a mujeres abogadas a las que no solo apresan injustamente sino sobre quienes ejercen violencia emocional y psicológicos. Pero eventualmente, esos monstruos que se engendraron para vengarse de la CICIG desconocerán al amo y se voltearán contra él y no quedará sistema de justicia para nadie más que para ellos.