El litigio enfrenta de un lado a Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao, que tienen como aliada de circunstancias a la federación de fútbol (RFEF), administradora del fútbol amateur, y a LaLiga.
Hay dos grandes puntos de discordia. Uno, el acuerdo comercial con el fondo de inversiones CVC, por el que este pagó 2 mil millones a cambio del 8,2% de los beneficios de los derechos de imagen durante 50 años, y que LaLiga celebró como una inyección que le permitiría acercarse a la Premier League, pero al que se opusieron esos tres grandes clubes por considerar que era ceder mucho por poco dinero.
LaLiga quiere que la nueva ley del deporte blinde este acuerdo y permita desarrollar otros similares, y cree que los grandes clubes se oponen a ellos porque suponen un reparto más equitativo de los beneficios.
Los grandes clubes quieren “volver a un modelo de fútbol antiguo en el que había unas desigualdades enormes y se limitaba muchísimo el crecimiento de equipos más modestos”, denunció Alfredo García Amado, director general del Granada FC, de la segunda división.
En cambio, la federación, por vía de su presidente, Luis Rubiales, sostiene que aquel acuerdo con CVC olvidaba a los clubes modestos amateurs y que su legalidad era dudosa y está siendo dirimida.
“Sería algo muy grave”
“¿Ahora el Gobierno y el mayor partido de la oposición van a cambiar las reglas del juego y van a tratar de convertir en legal lo que es ilegal? Sería algo muy grave”, dijo, al diario El País, Rubiales, que ya ha advertido que una huelga patronal es un acto “inconstitucional”.
LaLiga quiere también que la nueva ley permita sancionar a los clubes españoles que se unan a competiciones que no tienen su beneplácito, como la Superliga europea que querían crear los 20 clubes más importantes de Europa, y que tuvo en el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su principal impulsor.
En un anuncio publicado en numerosos medios, LaLiga defendió la necesidad de una ley “que no favorezca la creación de una Superliga que daña gravemente al fútbol español”.
LaLiga sostiene que había pactado que sus inquietudes estuvieran recogidas en la nueva ley, pero que las enmiendas que defendía acabaron desapareciendo del texto con la connivencia de los socialistas del gobierno de Pedro Sánchez y el primer partido de la oposición, el Partido Popular.
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