Creo que una buena noción de libertad económica es la posibilidad de entrar, permanecer y salir de uno o más mercados sin más requisitos ni condiciones que las establecidas por leyes generales aplicables a todos por igual. Vista así, la libertad económica abre los horizontes de la creatividad humana en el ámbito de la producción de bienes y servicios.

Una de las organizaciones más reconocidas en el mundo por su índice de libertad económica es el Instituto Fraser (www.fraserinstitute.org). El índice se compone de cinco elementos, a saber: el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, una moneda estable, libertad de comercio internacional y la regulación (que, en mi opinión, puede entenderse mejor en español como la reglamentación de las actividades económicas).

Obviamente, la libertad económica depende de otros factores además de los mencionados y también de los aspectos cualitativos de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el gobierno francés (calificación de 4.92 sobre 10 puesto 150 de 165) es mucho más grande que el de Guatemala (también en términos relativos), pero cualitativamente cumple mejor sus funciones y los ciudadanos de Francia tienen una percepción de corrupción gubernamental mucho menor que la de los ciudadanos de Guatemala.

A nivel general Guatemala tiene el puesto 31 en el ranquin de 165 países. Creo que, en comparación con el puesto que el país tiene en otros índices esta no es una mala posición (en el de Desarrollo Humano, a excepción de Honduras y Nicaragua, el índice de Guatemala es el más bajo de Latinoamérica y en el Índice de Percepción de Corrupción ocupa el puesto 150 de 180 países). Creo que este contraste no sugiere algún tipo de incongruencia entre las tres mediciones. Efectivamente, si uno se fija en los componentes del Índice de Libertad Económica, en tamaño del gobierno Guatemala está en el lugar 1 con una calificación de 9.19 sobre 10; en cambio, en cuanto al sistema legal y de protección de los derechos de propiedad está en el lugar 97, con una calificación de 4.93 sobre 10 y en el aspecto de reglamentación de las actividades económicas se ubica en el puesto 105, con una calificación de 6.76 sobre 10.

Ahora bien, tanto la gestión del sistema legal como la reglamentación de la vida económica están en manos del gobierno y, en el primer caso, también del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por consiguiente, ese sector público que por su tamaño compacto merece tan alta calificación, sale muy mal evaluado cuando del desempeño de sus funciones se trata.

Mi impresión es que los hechos de la vida política de Guatemala de las últimas cuatro décadas demuestran que —salvo raras excepciones— a los líderes políticos les ha interesado más que el gobierno no funcione con eficacia y transparencia y que las élites económicas se han conformado con una macroeconomía estable y con la libertad de comercio internacional que, casualmente, son los otros aspectos en que el país está en posiciones relativamente aceptables (puestos 32 y 52, respectivamente).

Esta visión de las cosas, me parece, no es sostenible. Si no fuera por el éxodo de guatemaltecos que han podido “votar con los pies” yéndose a los Estados Unidos en busca de una vida mejor “el crash” ya se hubiera producido. Esos emigrantes no solamente han dejado de integrar las filas de desempleados y sub-empleados sino que además sustentan uno de los pilares de la macroeconomía del país con alrededor de 15 millardos de remesas por año.