Por mezquino interés clientelar, por el hambre de comprar unos cuantos votos —que, igual, no son seguros— y por la incapacidad crasa de abordar con dignidad y respeto la misión para la cual fueron electos, 99 diputados comprometieron ayer al país a pagar Q36 mil por cabeza a supuestos exmilitares, cuyo número ni siquiera se ha establecido con certeza debido al descontrol o inexistencia de registros del Ministerio de la Defensa pero que puede significar más de Q3 mil 600 millones de gasto pagado por los tributantes guatemaltecos. Sí, por usted.

Si tan patrióticos se sentían los 99 politiqueros que votaron a favor de este despropósito, bien pudieron renunciar a salarios, dietas y cajas chicas por el resto de la legislatura para contribuir consecuentemente con el trasnochado afán. Se trata de una maniobra dispendiosa, opaca e inmoral, movida por el miedo a no ser reelectos, algo altamente probable a causa de su pésimo desempeño. Ese plazo arbitrario y absurdo de tres años para pagar el antojadizo botín es a todas luces un tácito chantaje para que los beneficiarios se vean compelidos a devolver con su sufragio tan ilegítimo, antitécnico e inviable decreto.

Tan fraudulenta norma no puede tener validez legal a causa de sus inconsistencias, imprecisiones y total divorcio de los principios constitucionales. El adefesio refleja, eso sí, a ese combo de diputados incapaces de aprobar un plan de nación para luchar contra la desnutrición, incapaces de elaborar un presupuesto moderno que apunte a reducir el endeudamiento, incapaces de modernizar el Estado mediante una nueva ley de servicio civil, incapaces de elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, precisamente porque son incapaces de actuar sin escamotear mezquinas ganancias u ocultos detrás de pactos abyectos.

Les obnubila creer que sus febriles engañifas pueden alcanzarles otros cuatro años de impunidad, pero más temprano que tarde se darán cuenta de que su apuesta por votos con dinero ajeno les saldrá cara en las urnas. La ciudadanía honrada, integrada por millones de votantes, está cansada de la estafa de sus discursos. Para sus despropósitos llegan a invocar repetidamente a Dios y a la Patria, pero en vez de cumplir con legislación integral hicieron del hemiciclo un mercado para sus allegados y financistas.

Es obvia la gazuza ante un año electoral inminente, y por eso abrieron este agujero económico para dejar caer sobre los ciudadanos el peso de rellenarlo con el dinero pagado al fisco con duro esfuerzo diario, y que se restará a los servicios de salud, educación, nutrición y otros rubros vitales.

No es que los exsoldados no merezcan apoyo, pero nunca bajo amenaza ni actuando como aquello que alguna vez dicen haber combatido. Además, un pretendido patriotismo se desvanece cuando se cobra. Si no, basta ver la riña de ayer, en plena Plaza Central, entre los supuestos exmilitares que agarran los Q36 mil y los que quieren cobrar Q120 mil. A la fecha no se sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son, con nombre, apellido, dirección, rango, tiempo y lugar de servicio. Para más señas, los 99 depurables copian el burdo pretexto de hace dos décadas, cuando se pagaron miles de millones por “sembrar árboles” a expatrulleros civiles azuzados por partidos recalcitrantes, hoy extintos. La presidencia debe vetar ese decreto; primero porque el monto no tiene financiamiento ni está contenido en el proyecto de presupuesto, y para no ser cómplice de una estratagema falaz a favor de la cual votaron incluso narcopartidos.