“Junto con la droga ha surgido un nuevo poder económico: el narcotráfico, que se ha convertido en una de las más grandes organizaciones internacionales, capaz de movilizar centenares de millones de dólares diariamente, de quebrantar el concepto de soberanía estatal, de producir acciones impensables de violencia, financiar guerrillas y alimentar el terrorismo. Este es un fenómeno singular y preocupante de la era contemporánea. Sus propulsores constituyen una nueva “transnacional” que con su colosal poder económico y su red de corrupción ha modelado una verdadera “narcoeconomía” en muchos lugares del mundo. Ha penetrado los mandos del Estado y de la fuerza pública. Ha roto la imparcialidad de la justicia. Ha corrompido a políticos. Ha atemorizado policías. Ha creado un nuevo poder social levantado sobre la corrupción, el crimen y el terror”, nos reseña Rodrigo Borja en su clásico Enciclopedia de la Política.

Nuestro país pierde presencia estatal de manera exponencial. Basta conocer el centralismo capitalino y visitar cualquiera de los municipios que conforman el departamento de Guatemala para convencernos como es de pírrica la presencia estatal, así como deficiente y en muchas ocasiones hasta amenazante, no digamos en cualquier otro departamento y esto es caldo de cultivo para el narco.

El fenómeno del narcotráfico no puede verse y combatirse solo desde la óptica penal, sobre todo cuando buena parte del mundo legaliza la marihuana y es muy distinta la realidad de los países productores, almacenadores y consumidores. En consecuencia, podríamos preguntar a nuestras autoridades ¿cuál es su política de combate al narcotráfico? ¿Qué se hace en el Organismo Judicial para combatir su porosidad frente al narco? ¿Cómo el control del financiamiento a partidos políticos puede evitar el blanqueo de capitales para campañas de diputados, autoridades municipales y hasta presidentes?

Nuestros políticos, salvo honrosas excepciones, evaden el tema del narcopoder y una buena parte se resignó a esta situación y también están los aprovechados de la informalidad buscándose el apoyo “popular” con dinero ilegal.

¿Qué impacto tiene que Mario Estrada excandidato presidencial de la UCN haya sido condenado por narco en Estados Unidos a quince años de prisión si su partido es pieza fundamental de la gestión de este gobierno y del pasado? Esta pregunta nos debería dar vuelta a todos, porque es injusto señalar solo a la UCN cuando se sabe y conoce el actuar de varios otros personajes en distintos partidos. ¿Qué importancia tiene para el sistema bancario y el sistema económico que Acisclo Valladares, ex ministro de Economía de Jimmy Morales y exmiembro de Junta Monetaria haya sido juzgado por lavar dinero del narco utilizando un banco nacional? ¿Qué importancia existe con el regreso de Manuel Baldizón luego de haber aceptado haber administrado dinero del narco y pretenda jugar un rol político partidista? (Entre tantos otros casos).

Es horrendo pensar en la posibilidad de tener como parte del paisaje la convivencia junto al narcotráfico, porque si esto es así, ¿cómo entonces vamos a hablar de justicia, democracia, igualdad, respeto y solidaridad como valores compartidos?

Una sociedad debe exigir acciones para concretar sus propios valores de lo contrario no seremos más que zombis coincidiendo en tiempo y espacio. Dudo que la mayoría de académicos, trabajadores, empresarios, maestros, campesinos y patojos en general acepten el poder del narco para ceñir su horizonte de vida, porque ello sería un suicidio.

Ahora respirándose aires electorales es de primer orden ya no hablar de vida, libertad, propiedad, educación y salud solo como recursos mercadológicos porque debemos exigir claros compromisos en torno a las aspiraciones compartidas y por eso debemos tener mucho cuidado de quienes claman a Dios para convencer, pero luego en el parlamento acuerdan con organizaciones ligadas al narcopoder y la narcoeconomía como invalidar nuestros anhelos más queridos.