La jueza de turno decidió enviar a la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala a Baldizón y ordenó que, por seguridad permanezca en el sector de aislados de alcaidía.
Baldizón escuchó el motivo de su detención por el caso Odebrecht y en otra sala escuchó la razón por el caso Transurbano.
Fue la jueza Penal de Turno, Carol Patricia Flores, quien dirigió la audiencia por el caso Transurbano.
La audiencia de primera declaración de Baldizón por el caso Transurbano fue programada para el viernes 7 de octubre, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.
Por su parte el Ministerio Público señaló que “en relación a la orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo D, solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el #CasoOdebrecht, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, la audiencia de primera declaración será agendada por dicha judicatura”.
En tanto, “por la orden de aprehensión girada por Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, por el #CasoTransurbano, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito, se fijó audiencia de primera declaración para el próximo viernes 7 de octubre, a las 9:00 horas en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal”, refiere el MP.
Baldizón enfrenta acusaciones de corrupción en los casos Odebrecht y Transurbano, por lo que el Ministerio Público lo señala de haber cometido los delitos de cohecho activo, lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
Baldizón arribó a la pista de la Fuerza Aérea de Guatemala, en un vuelo de deportados procedente de Arizona, Estados Unidos, junto a otras 130 personas, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Al momento de su aterrizaje, Baldizón fue trasladado por decenas de policías de las fuerzas de seguridad a la torre de tribunales del Organismo Judicial guatemalteco.
Baldizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, por supuestamente beneficiarse con US$12 millones de manera ilegal.
Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de transporte.
El político guatemalteco se declaró culpable en 2019 por lavado de dinero en Estados Unidos y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel, después de ser detenido en el aeropuerto de Miami en 2018.
Sobre su caso, la Fiscalía de Florida dijo en 2019 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña” para buscar la presidencia de Guatemala “sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.
Baldizón, de 52 años, surgió en la política guatemalteca en 2003, presuntamente como un empresario hotelero exitoso en el norte del país, y fue diputado entre 2004 y 2011.
Tras su deportación, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” debe procesar a Baldizón y decidir si es enviado a prisión preventiva mientras se solventa su situación legal.
Con información de EFE
