Muchos autobuses del servicio urbano nunca volvieron a circular después de la suspensión de transporte de pasajeros a raíz de la pandemia, ya fuera por quiebra de las empresas, falta de autorización de las comunas o por cambio del giro de negocio de los propietarios. La movilización en vehículos livianos autorizados por las autoridades, sobre todo para el traslado de empleados de industrias, fue parte del ambiente durante las restricciones. Sin embargo, conforme estas desaparecieron se multiplicó el número de automotores sin distintivos ni permisos que transportan personas, con tarifas y recorridos arbitrarios, con frecuencia lesivos para la economía de los usuarios, quienes aceptan la imposición a causa de la necesidad de acudir a tiempo a sus lugares de trabajo o de acercarse a una línea de buses del Transmetro o Transurbano en el área metropolitana.

La multiplicación de carros livianos que efectúan traslados remunerados de pasajeros es evidente, pero más lo es el mal estado de la mayoría de tales unidades, no solo en cuestiones mecánicas, sino también por el deterioro de sus interiores, pese a lo cual cobran entre Q10 y Q20 por persona sin entregar ningún recibo ni declarar tales ingresos.

Las municipalidades, incluida la capitalina, casi han desistido de la tarea de controlar estas flotillas ilícitas, pese a que representan una competencia desleal para empresas y propietarios que se dedican a este mismo negocio de manera legal. Detectar y sancionar a estos infractores constituye una función de los agentes municipales de Tránsito, así como de la Policía Nacional Civil. Por desgracia, lo cierto es no lo hacen y prefieren instalar retenes para cobrar multas con dispositivos para tarjeta en mano o para registrar a motoristas en arterias transitadas.

Ninguna autoridad se hace responsable por el control de este sistema paralelo e ilegal, que se ve agravado por la conducta vial de conductores afanados por hacer una nueva vuelta en el menor tiempo posible y con el vehículo sobrecargado. A lo anterior se suma otro grave problema: la exposición de los pasajeros, sobre todo mujeres, a ser víctimas de hechos delictivos como atracos, tocamientos y hasta violaciones. Debido a que estos vehículos no están registrados, carecen de números correlativos y distintivos externos. Hay casos en que ni siquiera tienen placas de circulación o luces nocturnas en buen estado. No obstante, transitan sin problemas frente a la propia Policía. Como daño colateral y no menos importante, se puede añadir que la circulación libre de taxis piratas permite a grupos de pandilleros obtener ganancias ilícitas y lavar dinero.

Las comunas del área metropolitana tienen ante así un formidable desafío: poner coto a la circulación de estos vehículos no autorizados. No se trata de prohibirlos, sino de registrarlos y exigir un servicio de calidad, sin sobrecargar las unidades ni cometer temeridades. Por otra parte, es preciso analizar opciones para retomar la cobertura de líneas alimentadoras de autobuses en buenas condiciones y crear una opción accesible a los usuarios, pues para una familia de tres o cuatro miembros el monto arbitrario del pasaje de taxis se vuelve prohibitivo.

Es previsible que cualquier acción de control desate oposición y protestas, pero el bien común pesa más. Ninguna persona íntegra se opondrá a presentar la respectiva documentación. Ya existen líneas de taxis que cumplen con revisiones y renovaciones anuales, por lo cual existen fundamentos legales para extenderlo a todos. No hay nadie superior a la ley y solo de esta forma se podrá tener mayor control de este servicio.