“Es una acción de la población, es acción ciudadana frente a los desastres y todas las violaciones que se están dando al Estado de Derecho, lo que busca es poner en la agenda pública el derecho a la resistencia, es decir estamos declarándonos en resistencia, lo cual es muy grave (…) ese es el objetivo principal, rescatar a Guatemala de las graves violaciones a los derechos humanos que se están dando en el país”, dijo Ramón Cadena, integrante del colectivo.
En tanto, Ramazzini señaló que desde hace semana se ha analizado la situación actual del país, por lo que decidieron organizarse y “hemos llamado a una convergencia nacional de resistencia pacífica, no violenta para tratar de agrupar a muchos sectores y personas que tengan estos ideales, de que el país debe cambiar y que todos debemos ayudar a que cambie”.
Además, Factor Méndez, integrantes señaló que “la ciudadanía en Guatemala ha dicho basta, perdimos el miedo y ahora alzamos la voz para decir fuerte y claro que el gobierno presidido por Alejandro Giammattei condujo al país hacia una dictadura y convirtió el Estado en disfuncional”.
Añadió que se unieron para apoyar “las luchas de resistencia no violenta que realizan distintos sectores, fuerzas sociales y organizaciones ciudadanas contra la corrupción y represión del actual gobierno. Compartimos con todos los ciudadanos la indignación por el alto costo de la vida, el desempleo, la falta de oportunidades, los bajos salarios y la explotación laboral, por la inseguridad política y social, los altos índices de deserción escolar, hambruna y desnutrición crónica infantil que van en aumento”.
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También dijo que les preocupa la represión contra la prensa, periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y líderes sociales0.
“Ratificamos que el Estado guatemalteco está capturado por mafias del crimen organizado, redes de corrupción e impunidad, grupos neofascistas que actuaba dentro de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial para satisfacer los intereses personales y de grupos del país”.
Además, un comunicado del colectivo señala que “el régimen democrático que se pretendía construir ha fracasado en contenidos fundamentales y ello ha facilitado que vivamos en una situación social muy próxima a una dictadura de hecho. Entre un régimen autoritario y una dictadura el margen de distancia es mínimo”.
Agrega que “ahora manda el crimen organizado sostenido por la violencia de los narcotraficantes y las redes de corrupción e impunidad. El principio de legalidad no se cumple y, como sucede en un sistema dictatorial, la sociedad no es regida por el Derecho y va a la deriva. El régimen corrupto y criminal existente busca aniquilar toda forma de oposición”.
El documento señala que “no podemos dejar de mencionar, a modo de ejemplo algunas situaciones que demandan acción inmediata: el apoyo a periodistas que han tenido el valor de decir la verdad y por ello son perseguidos, la situación en la que se encuentra la exfiscal Virginia Laparra, el hostigamiento contra el juez Miguel Ángel Gálvez, la preocupación por quienes sufren el exilio por haber defendido la justicia”.
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Respecto a los señalamientos en contra del Gobierno, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, señaló que “considerando el contexto preelectoral y ante el pronunciamiento de plataformas político partidistas emergentes, no se emitirá ninguna postura.
