Marylena Calderón, directora de dicha dependencia, aseguró que no podía profundizar en detalles de lo ocurrido en Quetzaltenango, derivado de que el caso está bajo investigación del Ministerio Público (MP); sin embargo, se desligó de lo ocurrido, ya que aseguró que ellos se limitan a únicamente autorizar el evento.
“Por cuestiones de que ya se encuentra ante el órgano jurisdiccional, que es el Ministerio Público órgano de investigación, no puedo dar declaraciones específicas sobre este hecho”, dijo Calderón.
Verificaciones
Según la funcionaria, la entidad solo cuenta con cinco inspectores que se encargan de verificar que los eventos cumplan con los protocolos establecidos en el aval; sin embargo, solo realizan estas tareas en la capital.
EN ESTE MOMENTO
Agregó que en la provincia esta tarea recae en autoridades locales, como las gobernaciones departamentales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
En el expediente no se incluyó el protocolo de la promotora, ya que, según Calderón, cuando emitieron la autorización únicamente lo tenían en versión digital.
La funcionaria también agregó que es la promotora del evento la que contrata la seguridad y el protocolo para que se lleve a cabo el evento.
Aforo
En el expediente que autorizó la Dirección de Espectáculos Públicos se incluye documentación en la que la entidad propietaria del lugar donde se realizó el evento detalla que el área para el concierto es de 22 mil metros cuadrados, con lo cual la solicitud fue para aprobar un evento para 15 mil personas, pero a criterio de los diputados, se sobrepasó el número.
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“Ahí nosotros no tenemos conocimiento. No los vamos a ir a contar. No podemos contar persona por persona que va entrando. Nosotros hacemos una preinspección dos horas antes del evento. Ya en los departamentos es otra situación, porque ahí está Conred o las autoridades a nivel departamental”, justificó Calderón.
A la citación se excusaron las autoridades de la Conred bajo la justificación de que se encuentran en alerta roja derivado de las lluvias.
El secretario ejecutivo de la entidad, Óscar Cossío, fue cuestionado sobre el tema en el kilómetro 11.5 de la carretera a El Salvador y evitó responder.
“No es miedo, sino que tenemos otra reunión”, respondió Cossío mientras se dirigía a un vehículo en el que se retiró del lugar.
Evento tipo C
Los diputados también cuestionaron que para el evento la Dirección Técnica Municipal de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Quetzaltenango emitió un dictamen favorable por una categoría distinta a la que en realidad era.
El dictamen no. 366-DGR-2022-RA establece que el aval se dio para un evento de categoría B, cuando en realidad, el concierto cumple todos los parámetros para considerarse un evento de tipo C, ya que este tipo de categoría se refiere a conciertos, festivales de música o expresiones musicales para más de mil personas, cuando la categoría B es únicamente para convenciones, misas y servicios para menos de mil personas, según el artículo 6 del acuerdo número 04-2015, de la Conred.
“Aquí lo importante es manifestar conforme el expediente que vimos se califica mal el evento, y falta la póliza de garantía para la seguridad de las personas”, expuso la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández.
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Reformas
El miércoles pasado, el pleno del Congreso dio lectura a la iniciativa 5648 que pretende hacer modificaciones a la Ley de Espectáculos Público, la cual fue aprobada en 1956 y que, a criterio de algunos diputados, se formuló en una realidad distinta a la actual.
La propuesta regula una serie de reformas que se plantearon en 2019, pero que tomaron relevancia recientemente por lo ocurrido en Quetzaltenango.
Entre las modificaciones están algunos requisitos para los organizadores de eventos para contar con salidas despejadas y evitar inconvenientes en casos de emergencia, así como señalización, entre otros aspectos relacionados a la seguridad.
