Eso según los análisis de la Asociación Guatemalteca de Abogados Ambientalistas (Aguaa) y de la Asociación de Recicladores y Recuperadores Ambientales (Asorema), que advierte sobre sus riesgos.
La iniciativa 6054 busca crear la Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental, que absorbería a todas las dependencias de Estado en la materia.
Su principal efecto le ha llevado a recibir el nombre de la iniciativa del “súper ministerio”, pero sus ponentes, integrantes de la llamada “alianza oficialista” también presentó la 6055.
Este proyecto busca reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, pero tendría un efecto más severo según Cristofer López, director de Aguaa.
“En este gran paquete de iniciativas la 6055 es la que dispone aprobar reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente. Prácticamente se traduce en reducir los trámites para licencias ambientales, convenios de pago por multas no canceladas, hay grandes empresas que están necesitadas de esta iniciativa pero no podemos seguir empeñando el futuro”, explicó.
La iniciativa 6021 busca reformar la Ley de Hidrocarburos, lo que apuntan ambientalistas se traduce a darle la autorización al Presidente en Consejo de Ministros para prorrogar el actual contrato para la extracción de petróleo en Guatemala.
Los proyectos anteriores, según detalla la página web del Congreso, tan solo cuentan con dictamen favorable, lo que deja abierta la posibilidad para que las iniciativas se incluyan para sus debates y sean aprobadas de manera ordinaria.
Pero la iniciativa 5923, Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, lleva una connotación ambiental y no cultural, afirman las dos entidades expertas en medio ambiente.
La propuesta firmada por 41 congresistas obtuvo su segunda lectura el pasado 10 de mayo, dejándola a solo un debate y a su redacción final para ser aprobada.
La misma contempla que el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Secretaría General de Planificación y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) decidan el futuro de los lugares sagrados.
“La iniciativa 5923 conformaría un ‘súper consejo” que tomaría las decisiones de la inversión pública en los sitios arqueológicos prehispánicos, muchos de estos en lugares sagrados y permitiría inversión privada, que no es del todo mal, pero limitaría el uso de los mismos. Esta tiene que ser compartida y consensuada”, refiere López.
Archivo o amparos
Las cuatro iniciativas de ley vendrían a complementar violaciones ambientales que se convertirían en violaciones a los Derechos Humanos, según la lectura de Miriam Monterroso, presidenta de Asorema.
Ella refiere que las iniciativas en cuestión no recibieron un análisis profundo, lo que dejó una serie de vacíos técnicos y sociales que no contempla las iniciativas que, poco a poco, han ido caminando dentro del Congreso.
“Es esencial escuchar a los pueblos indígenas porque son las personas que viven ahí, son los que se verán más afectados, son zonas con muchos valor ecológico las que se verán afectadas. Los diputados quieren desde un escritorio aprobar leyes sin estar en el campo, sin vivir esas necesidades, perdóneme pero es inaceptable”, argumentó Monterroso.
Asorema considera que la mejor opción es archivar estas iniciativas, práctica que destacan no es desconocida para el Congreso ya que recientemente han tenido que retroceder a otros proyectos de ley.
Prefieren el archivo para evitar que una moción busque la aprobación sorpresiva de cualquiera de estar cuatro iniciativas, “nosotros esperamos que se hayan dado cuenta que el pueblo está en contra de estas iniciativas de ley y que las archiven, que se olviden de ellas. Muchos sectores se han ido pronunciando y lo siguen haciendo. Es mejor que las archiven para que no nos sorprendan”.
Ante un escenario positivo para las iniciativas que a criterio de las organizaciones sería negativo para el ambiente, los equipos legales ya preparan las vías de impugnación.
“Estamos preparando técnica y jurídicamente con algunos amparos, haciendo análisis sobre la cual solicitaríamos los mismos. Esto sería en el momento que alguna de estas iniciativas avanza. Ahora tratamos de incidir de manera nacional porque esto no es solo un tema ambiental, se trata de un tema social que nos involucra a todos”, destacó el director de Aguaa.
Escuchar las propuestas
El diputado Armando Castillo, secretario de la Comisión de Ambiente del Congreso, explica que él tampoco apoyó todas las iniciativas en materia ambiental que han ido caminando dentro del Legislativo.
“La 6054 tuvo mucha discusión porque concentraba todas las entidades que tienen a su cargo el cuidado del medio ambiente bajo el manto del Ministerio de Ambiente, yo soy uno de los diputados que no está de acuerdo porque nuestro país necesita descentralizar para ser funcionales”, pero otras iniciativas como la 6055 si obtuvieron su apoyo.
Castillo dijo recibir una serie de cartas para el análisis de las propuestas y remitió todas a la comisión especializada. “El Congreso es el lugar de las representaciones donde idealmente todos tendrían que ser representados. Los colectivos tienen razón en que algunas leyes no se han socializado lo suficiente, esto ha dado lugar en algunos casos a rechazo por desconocimiento o información no clara”.
Actualmente los proyectos en mención de las organizaciones ambientales ya tienen dictamen favorable, y es importante a criterio del diputado que cualquier comentario a favor o en contra se replique pero no solo a una comisión, sino a todas las bancadas debido a que su aprobación o rechazo ya depende del Pleno parlamentario.
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