Desde septiembre de 2017, las autoridades de la municipalidad de Escuintla solicitaron a la Superintendencia de Administración de Administración Tributaria (SAT) que fiscalizara la legalidad de 27 pagos a razón de Q150 mil cada uno -Q3.4 millones en total- que se hicieron durante la administración 2012-2016 del exalcalde Pedro René Escobar.
La comuna solicitó la auditoría porque al momento de hacer los pagos, Bienco S.A. no entregó facturas, sino únicamente recibos corrientes, según denunció el actual alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera.
En una citación con la bancada Victoria, el intendente de fiscalización de la SAT, Óscar Alberto Hernández, informó que no han podido localizar a los representantes de Bienco y ello ha impedido que avance el proceso.
“Hubo varias direcciones proporcionadas por la municipalidad de Escuintla. Se buscó en el domicilio fiscal pero no fue posible -ubicar a los representantes-“, dijo Hernández.
Por su parte, la bancada Victoria considera que la SAT debe tomar acciones ya que al omitir entregar facturas, personeros de la empresa pudieron incurrir en delitos.
“Bienco, S.A. recibió cada pago del exalcalde Escobar Alvizures y solo entregó hojas de papel bond simples y no facturas contables para cumplir con sus obligaciones fiscales, incumpliendo con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros tributos aplicables. A criterio de los asesores jurídicos de esta bancada, figuran las conductas delictivas no solo por defraudación tributaria, sino por otros delitos que pueden surgir de la investigación a cargo del Ministerio Público”, manifestó la bancada Victoria en un comunicado de prensa.
El caso
En 1997 la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.
Sin embargo, la municipalidad nunca pagó el contrato y esto provocó una serie de demandas entre la comuna y la empresa. En 2013, la empresa negoció con la administración edil del 2012-2016 un contrato de transacción para que se pagaran Q40 millones en 266 cuotas mensuales comprometiendo ingresos municipales como el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.
Al consultarle al respecto, Boris García, representante de Bienco S.A. aseguró que la empresa no tenía que proporcionar facturas, ya que en el contrato de transacción se estableció que la municipalidad absorbería el pago del IVA y de cualquier otro impuesto.
“El domicilio -de la empresa- está ahí. Tienen memoriales y copias por escrito. En la SAT está el domicilio”, dijo García sobre las declaraciones de funcionarios de la SAT en las que aseguran que no han logrado ubicar a BIenco.
Asimismo, García dijo que recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución la que declara sin lugar una inconstitucionalidad que planteó la comuna dentro del proceso judicial que se sigue con relación a la deuda.
Por su parte, la SAT se comprometió a informar sobre las acciones a tomar el próximo lunes 19 de agosto, informó el diputado de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera.
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