En un comunicado de prensa, el MP señala que la orden de aprehensión contra Sandoval fue dictada por el juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia, cuando era jefe de la Feci, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.
“Según la investigación de la Fiscalía, Sandoval Alfaro, en pleno ejercicio de su cargo como Fiscal de Sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado Jose Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartirle información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”, se lee en el comunicado.
Agrega que por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, el juez contralor de garantías anteriormente resolvió ligar a proceso penal al periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias; Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada y Flora Emilza Silva Flores, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
“En virtud de que el caso se encuentra bajo reserva judicial, según lo establece la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en el momento procesal oportuno se estarán dando a conocer los avances de la investigación”, se lee en el comunicado del MP.
📢 #ComunicadoDePrensa#CasoChantajeImpunidadYLavadoDeDinero
Ministerio Público informa: pic.twitter.com/tTKuikhVox— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2022
Añade que “el MP reitera su firme compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la ley mediante investigaciones objetivas, imparciales e independientes, con apego al principio de legalidad”.
Sandoval responde
Respecto a la nueva orden de captura, Sandoval emitió un comunicado en el que señala que se trata de “un proceso espurio” para criminalizarlo.
“El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la antes conocida como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha anunciado hoy, 12 de septiembre, una nueva orden de captura en mi contra. Se trata de la tercera que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras gestiona. Esta es una nueva acción y proceso espurio con el evidente fin de criminalizarme. Al fiscal Curruchiche lo mueve un deseo de venganza por la labor realizada contra la corrupción, y contra numerosos personajes responsables de apropiarse de fondos públicos”, señala Sandoval en el documento.
Sandoval añade que, “desde que llegó a ese cargo, el señor Curruchiche se ha dedicado a perseguir a antiguos fiscales contra la corrupción, jueces independientes y a periodistas que han denunciado los robos al erario”.
También dijo que “en cambio, ha defendido y defiende de forma activa, a quienes se han enriquecido con el dinero de los contribuyentes. Incluso procura que los corruptos, los responsables de restarle oportunidades a las personas más necesitadas del país, operen en impunidad”.
“Bajo su mando, y por deseo expreso de la señora Consuelo Porras, la FECI dejó de perseguir la corrupción para pasar a facilitarla. Una orden más de captura en mi contra no me desvela. En cambio, pone en evidencia al sistema judicial que, trabaja para los corruptos”, concluye el comunicado.
Otras dos órdenes de captura
El confirmó la información el 3 de septiembre de 2021 y explicó que esta se debe a un caso que se encuentra bajo reserva.
El 23 de julio de ese año, mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval fue removido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
El 30 noviembre de 2021, el MP informó que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval, por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración.
Según el MP, la orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que “se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala”.
