En abril de 2018, el Ministerio Público detuvo a un coronel señalado de lavado de activos. En 2017 había sido grabado por las autoridades durante una reunión, en un restaurante de la zona 5, con un encargado de manejar dinero producto de extorsiones a las órdenes de un jefe de la mara Salvatrucha denominado el Fantasma, preso desde 2014. El militar devengaba un sueldo de Q18 mil, pero hacía depósitos de entre Q5 mil hasta Q47 mil en sus 12 cuentas, que sumaban Q13.8 millones. El señalado dijo que el dinero provenía de ventas de insumos agrícolas y asesorías, pero la presunción de la Fiscalía es que cometía lavado de dinero. En julio de aquel mismo año, el juez Sexto de Primera Instancia Penal Carlos Toledo lo dejó en libertad bajo fianza de Q100 mil.

Es caso es uno de muchos citados en el informe Una cultura criminal, de Insight Crime y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional, publicado en 2019 y en el cual se expone que para desbaratar el inmundo y mortífero negocio de la extorsión, la clave está en atajar el flujo de dinero, que siempre busca vías para ser “legalizado” a través de negocios de fachada, que obviamente no reportan impuestos y que son manejados por parientes o cómplices de pandilleros detenidos en cárceles, quienes dan órdenes desde allí a través de mensajeros, llamadas, correos electrónicos e incluso simples notas en papel.

Existen grupos denominados “imitadores” que se hacen pasar por pandilleros para extorsionar y cuyo actuar se ha incrementado. En todo caso, sea quien sea el beneficiario de este delito, queda claro que tarde o temprano necesita lavar el dinero, para lo cual precisa de cómplices de todo tipo, y es allí donde está el punto medular a donde deben apuntar investigaciones y casos.

El Estado debe garantizar la seguridad total de las prisiones, algo en lo cual el gobierno de Giammattei Falla ha logrado poco: los constantes hallazgos de aparatos telefónicos, módems y cuadernos con nombres y números de víctimas durante repetidas requisas evidencian la necesidad imperiosa de endurecer los controles y reforzar las sanciones contra toda autoridad penitenciaria que facilite tales prebendas ilícitas. De manera tardía se emprendió la construcción de una cárcel de máxima seguridad, pero las amenazas siguen saliendo de los penales.

La cifra presentada por el informe de Global Financial Integrity sobre extorsiones es pasmosa: más de Q400 millones han obtenido los grupos delictivos por medio de intimidaciones a personas, negocios de barrio y también a empresas de todo tamaño. Pierde el comercio, pierde el fisco y pierde el país entero porque se reduce su competitividad y su atractivo para la inversión.

No obstante, el silencio no es una opción y menos la inacción. La denuncia sigue siendo la mejor arma del ciudadano en contra de estas bandas criminales, y por ello existe el proyecto digital llamado Tupista.gt, impulsado por Crime Stoppers, en el cual se puede pedir, bajo total secreto, auxilio o brindar datos de delitos de todo tipo, incluyendo extorsiones y amenazas.
La línea 1561 es otra opción confidencial que puede marcar la diferencia entre desbaratar a un grupo extorsivo o vivir con angustia permanente. Por otra parte, es necesario que los diputados dejen de perder el tiempo en iniciativas nocivas y legislen en materias vitales como el endurecimiento de penas por extorsión y cualquier complicidad conexa, en el entendido de que no se trata de un tema para hacer propaganda electorera, sino su simple y llana obligación.