Entre junio y julio del 2021 se abrió un concurso para la compra de una aeronave no tripulada o dron, para uso del Ministerio de la Defensa en tareas de patrullaje, rescate y vigilancia. Fue adjudicado a un costo de Q3.96 millones a la empresa Tactical Group. El aparato fue fabricado por la compañía mexicana Hydra Technologies, con sede en Guadalajara. La denominación técnica del equipo era S4 Ehécatl, cuya llegada fue anunciada oficialmente en noviembre último por la Fuerza Aérea Guatemalteca, que lo bautizó “Vigilante”.

“Fue diseñada específicamente para realizar patrullajes de vigilancia y de reconocimiento aéreo con una autonomía de vuelo superior a las 10 horas y un radio de operación mayor a los 100 kilómetros. La versatilidad en su maniobrabilidad le permite despegar y aterrizar tanto en pistas asfaltadas como en terrenos no preparados; cuenta además con la capacidad para recabar información en imágenes y video en tiempo real desde una altura superior a los 8 mil pies”, reportó el portal oficial el 24 de noviembre. Aquel anuncio se produjo en los prolegómenos del centenario de fundación de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Quizá a causa de la necesidad de adiestrar al personal encargado de la operación del aparato, el primer vuelo oficial del Vigilante no ocurrió sino hasta el 7 febrero de 2022, acto al cual asistió el presidente Alejandro Giammattei, quien, a través de sus redes sociales, reportó haber supervisado el primer vuelo de demostración. “Esta aeronave mejora las capacidades del Estado para continuar con la lucha frontal contra el crimen transnacional y refuerza nuestra política de seguridad y defensa de la nación”, consigna un tuit de su cuenta.

En efecto, la amenaza del narcotráfico y redes del crimen organizado es constante sobre Guatemala, que debido a su posición geoestratégica es un puente para el trasiego de estupefacientes en ruta a EE. UU., pero también de trata de personas. La adquisición del dron se presentó como una innovación necesaria y los anuncios daban a entender que la transacción se hacía bajo todas las exigencias técnicas.

Por eso mismo sorprende y despierta suspicacias la revelación hecha por el propio Ejército de que el “Vigilante” necesitó de la instalación de una cámara adicional valuada en Q7 millones 785 mil, debido a que la óptica instalada originalmente no era suficiente para el desempeño de las tareas anunciadas, sobre todo en condiciones nocturnas o de clima lluvioso. Esto quiere decir que este equipo en realidad ha costado Q11 millones 785 mil.

Pero existen otros factores logísticos que limitan la utilización del equipo, como su radio de alcance. Siete meses después, el “Vigilante” aún no se ha usado en operaciones contra el crimen organizado, debido al tiempo de traslado de un lugar a otro, para lo cual debe ser desmontado y vuelto a armar. Hasta ahora solo se ha usado en observación de áreas de conflictos territoriales, en Sololá y San Marcos, y según el vocero militar, lo indicado sería tener tres o cuatro unidades. Pero si no ha sido utilizado en una sola acción significativa de detección o decomiso de ilícitos, resulta difícil probar la pertinencia de su adquisición o de otros equipos similares. Al monto económico gastado hasta ahora se debe sumar el costo de oportunidad perdido a causa de posible imprevisión o deficiencias de planificación. En todo caso, las expectativas que despertaron sucesivos anuncios son, hasta ahora, solo eso.