El muy cuestionado préstamo de Q11.9 mil millones que

el Banco de Guatemala otorgó al Gobierno Central hace dos años podría quedar fuera de cualquier posible fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Los diputados de las bancadas oficialistas y mayoritarias en el Congreso de la República han conseguido un dictamen favorable a la iniciativa 6120, conocida como “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos Covid”, en la que podría excluirse a la CGC en la fiscalización de estos fondos.

Durante el inicio de la pandemia, los diputados decidieron, por mayoría calificada, utilizar fondos del Banco de Guatemala para varios programas contra el covid. El Banco de Guatemala tiene una prohibición constitucional de otorgar préstamos al gobierno central. En 2020, los diputados hicieron uso de una excepción a base de una mayoría calificada para poder autorizar ese préstamo millonario. Ese dinero se usó en varios fondos cuestionables que podrían quedar sin fiscalización por parte de la CGC.

¿Por qué tanta prisa en aprobar esta ley? ¿Por qué evitar que la CGC fiscalice estos fondos? ¿Por qué evitar la transparencia en estas fiscalizaciones? Son preguntas que dejan muchas dudas y causan sospechas en cuanto a evitar que se descubran compras anómalas y fraudulentas u otros actos de corrupción. La iniciativa indica que debe ser la Superintendencia de Bancos (SIB) la entidad fiscalizadora. En realidad, la SIB debe fiscalizar movimientos bancarios, pero los fondos fueron gastos del Gobierno, o sea, fue un préstamo que recibió el gobierno central para ciertos programas y deben ser fiscalizados como cualquier otro gasto del Gobierno.

Aunque la SIB termine fiscalizando, todo gira alrededor de estos fondos que nacieron mal, como una excepción que nunca se debió haber dado. Gracias a la prohibición constitucional aprobada en 1993 y que entró en vigor en 1994, la inflación de Guatemala se logró controlar a niveles razonables. Ese impedimento constitucional no debió tener jamás una excepción porque esta provoca inflación, destruyendo el poder adquisitivo del quetzal. La pagamos todos los guatemaltecos con una moneda que cada día vale menos. Encima de todo, ese préstamo millonario se usó de tal forma que ahora no se quiere fiscalizar. Todos los fondos públicos deben ser fiscalizados, se quiera o no.

Qué razón tenían los grandes economistas James Buchannan y Gordon Tullock con todas sus teorías de Opción Pública (Public Choice). En política, las personas no son diferentes que en cualquier otra situación de la vida cotidiana. Todos buscan su propio interés. No hay ángeles que siempre velen por el interés ajeno. Eso es un sueño, una ilusión. Cada quién ve por su interés inmediato y quienes detentan en un momento dado el poder votan hoy por iniciativas de otros porque mañana saben que los demás votarán por las de ellos. En ese caso todo parece ser que es para protegerse contra cualquier posible anomalía o delito durante el uso de los fondos provenientes del banco de Guatemala. Así que la mayoría está votando para protegerse, por si acaso.

Estos dos economistas, en aras de lograr más transparencia, propusieron una Constitución Fiscal en la que, entre otras cosas, no se permitiera el déficit del gobierno central. Cada proyecto que se apruebe debe traer el pan bajo su brazo. Si se aprueba un gasto en el presupuesto y no se tienen los ingresos que lo cubren, se debe detener el gasto. Una Constitución Fiscal implica simetría fiscal, que los ingresos recaudados cubran exactamente los fondos gastados, ni más ni menos. Esto es lo que se llama responsabilidad fiscal.